En un comunicado, el CANG cuestionó la creación e integración de nuevas Salas de la Corte de Apelaciones mediante la designación de “magistrados titulares provisionales”, figura que, según la institución, no existe en la legislación guatemalteca y contradice el procedimiento constitucional de postulación y elección a cargo del Congreso.
El CANG señaló que esta actuación “desnaturaliza el régimen constitucional de nombramientos judiciales” previsto en los artículos 165 y 217 de la Constitución, y advirtió que podría afectar la independencia judicial, la separación de poderes y el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por tribunales preestablecidos conforme a la ley.
Ante ello, el CANG exhortó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a actuar “como garante del orden constitucional” y resolver con independencia las acciones planteadas en torno a este caso, preservando la supremacía de la Carta Magna.
“El Colegio reconoce que ampliar la cobertura de la justicia y acercar los servicios judiciales a la población es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer el acceso a la justicia. Sin embargo, ese fin no puede alcanzarse mediante procedimientos contrarios al orden constitucional”, afirmaron.
Veto presidencial
En otro punto, el CANG también cuestionó la decisión del Congreso de la República de no aceptar el veto presidencial al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
De acuerdo con el CANG, el presidente ejerció su facultad constitucional de veto dentro del plazo establecido, publicando el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial el 6 de octubre. Sin embargo, el Congreso resolvió rechazar el veto argumentando que se presentó fuera del plazo constitucional.
El CANG advirtió que dicha interpretación “vulnera el diseño constitucional del veto presidencial”, al tratar este mecanismo de control como si se tratara de una disposición normativa del Ejecutivo.
“El rechazo del veto en tales condiciones distorsiona el proceso constitucional de formación de la ley y debilita el sistema de frenos y contrapesos que garantiza la separación de poderes, pilares esenciales del Estado republicano de derecho”, afirmaron.
En este caso, también pidieron a la CC independencia y responsabilidad institucional y que se reafirme el alcance del veto presidencial como un alcance de equilibrio republicano.
