Al inicio de la sesión plenaria de este 30 de septiembre, el diputado Gustavo Adolfo Cruz, electo por la bancada Viva, presentó una moción privilegiada para alterar la agenda y que el proyecto de ley fuera conocido en el primer punto. Fue respaldado por las diputadas oficialistas Andrea Reyes y Victoria Palala, pero advirtieron que debe contener enmiendas. El diputado José Chic, de VOS, planteó que se conociera de urgencia nacional. 

“Creemos que es importantísimo poder brindar seguridad y darle herramientas al Estado para combatir a los grupos delincuenciales como maras o pandillas. Sin embargo, vemos con preocupación la forma en la que fue redactada esta iniciativa. Me parece que la comisión hizo lo que pudo para rescatar el mamarracho que presentó el gobierno de Alejandro Giammattei”, aseguró la parlamentaria Reyes. 

Inmediatamente, el diputado Ronald Portillo, de Vamos, afirmó que la ley ya se había intentado conocer con anterioridad, pero muchos congresistas se refutaron. “En la sesión pasada se opusieron a un punto resolutivo que buscaba exhortar a que el gobierno de la República tome las acciones urgentes y pertinentes para tratar la problemática”, indicó. 

La moción obtuvo 56 votos, por lo que continuó su trámite normal en segunda lectura. 

El diputado Inés Castillo, de la UNE, argumentó que los parlamentarios tienen tiempo de presentar sus enmiendas en lo que resta de la semana para que en la instancia de Jefes de Bloque del próximo lunes 6 de octubre, sea agendada en tercer debate.

La propuesta de ley fue presentada el 22 de enero de 2020 y añade al Código Penal el artículo 391 bis, llamado Terrorismo con fines de desorden público. Esto establece una pena de seis a 12 años de prisión sin posibilidad de cambio para quien se organice, forme o pertenezca a grupos criminales que buscan alterar la paz social o el orden público del Estado, y que se caracterizan por su control territorial, alta criminalidad y símbolos específicos. 

Agrega a quienes ejecuten actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas; dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública. 

Las comisiones de Defensa, Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional emitieron dictámenes favorables ese mismo año, pero fue hasta 2024 que se aprobó en primer debate.