En un comunicado, las autoridades indígenas afirmaron que las actuaciones de ambos funcionarios han contribuido a una crisis institucional y exigieron que se inicien los procesos de retiro de inmunidad en su contra.

“Exigimos a los órganos competentes iniciar los procesos de retiro de inmunidad y/o derecho de antejuicio a la señora María Consuelo Porras Argueta y al señor Fredy Orellana por ser responsables de violentar el principio democrático que rige el sistema de gobierno en Guatemala”, indican en el comunicado.

El pronunciamiento sostiene que Porras ha utilizado el MP como un instrumento de persecución política y que Orellana ha emitido resoluciones ilegales que vulneran el Estado de derecho. Ambos, señalan, actúan en beneficio del “pacto de corruptos” y han impulsado medidas que representan un retroceso para la institucionalidad democrática.

A ambos los señalaron como “responsables de violentar el principio democrático que rige el sistema de gobierno en Guatemala”.

Las autoridades indígenas también pidieron a la Corte de Constitucionalidad dar cumplimiento a la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2023, que ordena respetar los resultados de las elecciones generales. Además, solicitaron al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos abstenerse de acatar disposiciones que consideren ilegales o contrarias a esa resolución.

El documento llama a la comunidad internacional a acompañar al pueblo de Guatemala ante lo que describen como una “crisis provocada por los títeres del pacto de corruptos”. Asimismo, instan a organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y universidades a articularse “en contra de la dictadura judicial y el golpe de Estado técnico”.

Finalmente, advierten que si persisten las acciones que consideran una amenaza a la democracia, los pueblos indígenas usarán sus derechos constitucionales para emprender “acciones contundentes” en defensa de sus derechos y del orden democrático.