El pronunciamiento dice que las acciones del juez van más allá de lo que le corresponde y se mezclan con temas electorales, que son responsabilidad única del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según lo que indican los artículos 121, 125 y 155 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El FCCC indicó que las decisiones del juez vulneran los principios de legalidad y supremacía constitucional contemplados en los artículos 140 y 141 de la Carta Magna, y podrían constituir los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, por haberse dictado contra disposiciones expresas de la ley.
Además, recordaron que la Corte de Constitucionalidad (CC), mediante una sentencia del 14 de diciembre de 2023 (expediente 6175-2023), prohibió expresamente a cualquier autoridad judicial, administrativa o penal emitir resoluciones que alteren los resultados o los efectos del proceso electoral 2023.
En ese sentido, el FCCC advirtió que las acciones de Orellana contradicen esta resolución y podrían constituir desobediencia a la resolución dictada por la CC en 2023.
El Frente instó a las instituciones del Estado a cumplir con lo ordenado por la Corte y garantizar la independencia del TSE. También pidió al Gobierno actuar dentro del marco de la ley para evitar que “intereses oscuros y redes de impunidad” utilicen la justicia como instrumento político.
Finalmente, el FCCC llamó a la ciudadanía, organizaciones sociales, académicas, empresariales y a la juventud a mantenerse vigilantes frente a lo que considera “un nuevo intento de debilitar la institucionalidad democrática del país”.
