Durante la actividad se abordó el concepto de seguridad vial pasiva, referido a la atención y efectos que enfrentan las personas a partir del momento del accidente y en el tiempo posterior, incluyendo impactos físicos, emocionales y económicos.

Expertos y especialistas expusieron varios puntos, como la relevancia de la tecnología y el diseño de los vehículos para la protección de ocupantes y terceros, así como la existencia de legislación en otros países que exige pruebas de seguridad antes de comercializar automotores.

Se abordó también la necesidad de reformas legales para mejorar el acceso a la justicia para las víctimas, señalado como insuficiente en la actualidad.

Asimismo, se mencionó que la incidencia diaria es de más de 2 mil  víctimas de accidentes de tránsito, según los datos presentados, situación que —de acuerdo con los participantes— afecta la capacidad del sistema nacional de salud.

Otro punto abordado se refirió a los beneficios y costos del seguro obligatorio vehicular como mecanismo de asistencia económica para las víctimas. Se indicó que la aplicación del reglamento trabajado por los organizadores representaría un incremento de entre Q0.03 y Q0.07 por pasajero, con coberturas que irían de Q3 mil 600 hasta Q180 mil.

La derogación del reglamento del seguro obligatorio por parte del presidente Bernardo Arévalo fue mencionada como resultado de falta de información pública sobre sus efectos. Se planteó que una nueva publicación, acompañada de procesos de socialización, podría resolver la crisis generada.

Además, se destacó la necesidad de promover una conciencia social sobre la forma de abordar los accidentes de tránsito y sus consecuencias.

Los organizadores señalaron que cualquier persona puede verse afectada por un percance vial y que el enfoque debe priorizar la protección de la vida dentro y fuera de los vehículos.