Señores comisionados, hay decisiones que pasan inadvertidas. Y hay otras que definen el destino institucional de un país durante años. La elección del próximo Fiscal General de Guatemala pertenece, sin duda, a la segunda categoría. No es un trámite administrativo ni una ceremonia protocolaria. Es una prueba de carácter para el sistema republicano. Para recordarlo: quince comisionados deben evaluar a decenas de aspirantes —Corbatín, las del TSE y uno con un nombre tan peculiar ya oficialmente nos dijeron «adiós»— y elaborar una nómina final de seis candidatos que será enviada al presidente de la República, quien escogerá al titular del Ministerio Público para el período 2026-2030.

Les recuerdo que tienen un compromiso conmigo, con la ciudadanía. Hasta aquí, todo suena razonablemente institucional, claro. Pero cualquiera que haya seguido la política guatemalteca durante los últimos años sabe que los procesos de justicia en este país rara vez transcurren sin drama, suspicacias o episodios dignos de una tragicomedia judicial. El proceso actual ya nos ha regalado algunos momentos memorables: discusiones internas sobre tablas de gradación no creo que sean mejores que las discusiones, debates sobre actas que “no reflejan lo que se dijo”, exclusiones y reincorporaciones de aspirantes, y sesiones en las que los propios comisionados han reconocido que el documento final a veces no coincide con lo que realmente ocurrió.

Dicho en términos menos diplomáticos; ni los protagonistas se reconocen en las actas. A esto se suma el inevitable elefante en la sala. La actual fiscal general, María Consuelo Porras —que sumó, como si fuera digno de reconocer y premiar, más de 30 tachas—, busca nuevamente participar en el proceso, a pesar de haber sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y quién sabe quién más. 

Hasta Bernie —o Barney, no sé qué nombre prefiera usar— incluso ha advertido que ciertas postulaciones representan «una burla al pueblo» y que existe el riesgo de que el proceso sea manipulado para proteger intereses políticos o redes de impunidad. 

Cada vez que se elige Fiscal General se repite el mismo ritual cívico-teatral. Y a mi me gusta presenciarlo. Se convoca a un proceso que promete meritocracia. Se reciben decenas de expedientes. Aparecen amparitos, tachas, presiones, rumores y llamadas misteriosas. Finalmente, el país entero intenta adivinar quién realmente tomará la decisión. El resultado es una especie de novela política escrita entre pasillos universitarios, oficinas jurídicas y cafés del Centro Cívico. Realmente no sé quién la escribiría, si Payeras o Francisco Alejandro Méndez. Hay que venderles la idea. 

Sabemos que el proceso es complejo. Sabemos que existen presiones. Sabemos que la política guatemalteca tiene más capas que una cebolla. Pero también sabemos algo más sencillo. Cuando un país pierde confianza en su sistema de justicia, no pierde solamente tribunales: pierde la idea misma de legalidad. Un fiscal general no es un funcionario cualquiera, y nos hemos dado cuenta estos últimos años. Es el árbitro de las investigaciones criminales, el guardián del gris edificio del Ministerio Público y, en muchas ocasiones, el último muro entre la ley y el poder.

Elegir mal a un ministro puede costar cuatro años, lo vimos hace algunos meses. Elegir mal a un fiscal general puede costar una generación entera de credibilidad institucional. Por eso, con todo respeto —y con toda la ironía que este país nos ha enseñado a cultivar— vale la pena repetirlo:

Señores comisionados, elijan bien.

No elijan al más conveniente. No elijan al más silencioso. No elijan al que promete “acabar con la corrupción en menos de dos semanas”. Elijan al que pueda mirar a la ley sin pedirle permiso a nadie.

Porque si esta elección vuelve a convertirse en otra escena del eterno teatro político, entonces el país no estará nombrando a un fiscal general. 

Estará nombrando, una vez más, al director de la próxima crisis.