La captura de los dos exdirigentes de la organización de los 48 cantones de Totonicapán inició un nuevo ciclo en la extendida crisis político-institucional instaurada desde 2019, y que, a partir de 2023 con el resultado de la segunda vuelta electoral, tiene un repunte vigente hasta la actualidad. Pero el propósito no es solo pasarle factura a ese espacio representativo, protagonista de las movilizaciones que favorecieron la transición de gobierno. El objetivo intermedio sigue siendo descarrilar a la administración de turno. El propósito final consiste en asegurar las condiciones, y dejar fuera cualquier amenaza (real o supuesta), que perturbe la continuidad con visión de largo plazo.

Como todo pulso político, las arremetidas se hacen por episodios y desde diferentes arenas (espacios políticos que se erigen como centros para los encontronazos). Una de ellas, esencial por su naturaleza, funciones y alcances, es el Congreso de la República. La coalición de oposición se ha reacomodado y asumido, o al menos esa es la pretensión, como el grupo que toma la ofensiva; primero, para encimarse contra el actual presidente de ese organismo y la junta directiva, y sucesivamente para protagonizar lo que resta de la actual legislatura. Al plantear una agenda diferente de la inicialmente consensuada, al menospreciar la dirigencia del organismo y después, al generar una gresca en la cual, con facilidad, cayó como presa una diputada oficialista, dejan en evidencia que disponen del músculo inicial para ir por más.

Por delante aparecen objetivos estratégicos de primer nivel: los procesos de elección del 2026, y en especial, la elección del próximo fiscal general y la nueva cohorte de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los recientes eventos del Legislativo inauguran la lógica que se pretende como dominante de cara a esos eventos, con la intención que ni siquiera sean decisiones disputadas, sino impuestas. Para ello, es indispensable que los electores sean actores favorables, dóciles y manipulables.

Sin embargo, el Ejecutivo, percibido como actor adormitado, parece querer librar esa y otras batallas convergentes con más talante del esperado. En lugar de agazaparse, como ha sido la imagen de los quince meses precedentes, quiere mostrar algunas tácticas de interés. Una importante muestra es enfrentar a la dirigencial sindical del magisterio público. Al anunciar un aumento a todo el magisterio y personal de apoyo, y al mismo tiempo, iniciar acciones legales en contra de artículos claves del pacto colectivo, encara a un actor que ha sido el tradicional socio-comparsa de los gobiernos de turno, desde hace, al menos, década y media.

Si bien encarar a ese grupo/gavilla es una medida necesaria, queda por verse si en realidad la movida en el tablero no se convierte en una acción que unifique a los detractores. Aunque en política todos los momentos son espacios de oportunidad, la coyuntura es hostil y asimétrica para el Ejecutivo. Queda por verse si este pulso colateral permita capitalizar al presidente de la República, o bien se convierte en acelerador de la crisis.

¿Dispone el Ejecutivo de las estrategias y los operadores para disputar los múltiples pulsos en las diferentes arenas? Al salir del escenario de la convivencia forzada y pasar al enfrentamiento, quien preside ese organismo ¿comprende adecuadamente que su margen de acción es sumamente limitado, sometido, además, a las constantes jugarretas donde inclusive los cercanos le pueden jugar la vuelta con facilidad? Las respuestas solo son útiles en el campo de batalla, no en los discursos.