Hace cuarenta años se promulgó la actual Constitución Política, pero dadas las actuales circunstancias de evidente avance autoritario en el país, es importante preguntarnos si la ocasión debe servir para conmemorar, o para algo más.  

En estas cuatro décadas hemos avanzado en un sinfín de áreas, ello gracias al contenido y orientación del texto constitucional y a un hito no menos importante, los Acuerdos de Paz. Para comenzar, se culminó con un conflicto armado interno de amplias repercusiones, algunas de cuyas heridas aún están presentes y otras latentes.

Sin embargo, cabe destacar que detrás de esos momentos significativos hubo actores sociales y políticos que impulsaron vehemente que la Constitución fuera una realidad. Buena parte de ellos, cerraron filas ante el intento de rompimiento de 1993 y así lo hicieron frente a otros momentos de riesgo. A pesar de las diferencias políticas existentes, primero, entre los 88 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, y posteriormente de las primeras legislaturas, el objetivo de garantizar la estabilidad política era dominante en la mayoría. Pero por encima de ellos, la Corte de Constitucionalidad era (lamentable escribir en pasado) el verdadero garante del orden constitucional; desafío que incluso significó el asesinato de quien presidía ese órgano (Epaminondas González, abril 1994).

Cuatro décadas, a pesar de ser el texto con mayor vigencia en la historia política nacional, la Constitución está a merced de sus detractores. Tal parece que, para los enemigos de la democracia, dicho texto es un obstáculo a sus intereses y ante la precaria existencia de sus defensores, la cancha está dispuesta para ir en sentido contrario.  El principal organismo mandatado para su defensa (la CC) es quien encabeza, junto a los otros dominios reservados que han sido cooptados en años recientes, las continuas embestidas contra el orden democrático, principal apuesta de la Constitución.

Más que conmemorar y celebrar, es momento de rearticular a los defensores de la alicaída democracia. No podemos esperar ni atenernos a que las expresiones organizadas en octubre y noviembre de 2023 para la defensa del voto sean los únicos actores preocupados y con capacidad de incidencia. Tampoco contamos con el tipo de dirigentes políticos, sociales y empresariales que cerraron filas en 1993 o de quienes desafiaron al gobierno encabezado por Pérez M.

Lo que ahora está en riesgo es superior a las turbulencias experimentadas. En 2026 están en juego los órganos de control y defensa constitucional formalmente vigentes y no lejos en el tiempo el proceso electoral 2027, en donde, dadas las actuales condiciones y los actores que han comenzado a levantar la mano, los temores son más que evidentes. Podemos echar atrás, en poco tiempo, todo lo que ha costado en los 40 años previos. Tanto cuesta a las élites (de todo tipo) comprender que, de poco sirve rendir pleitesía a las ganancias y avances coyunturales; si todo ello, puede ser fácilmente desmontado por quienes sean electos en esa cadena de decisiones que sucederán en el corto plazo.

Lo que hace dos décadas se daba por descontado (en términos de garantías), ha variado significativamente. Se ha desmantelado, erosionado, distorsionado, ante nuestros ojos y con nuestro aval del silencio, pilares del orden democrático, que pueden terminar de hacerse añicos en los siguientes meses.  Está en la sociedad en general permitir que ello suceda, se postergue o se neutralice por completo.