Este 3 de agosto, Rafael Curruchiche celebró cuatro años al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Lo hizo, como ya es costumbre, en un video cargado de propaganda, eslóganes vacíos y verdades a medias. Se presenta como el salvador de una fiscalía “sin control”, presume normas compradas como si fueran logros institucionales, y se adorna con términos técnicos que nadie fuera del edificio Gerona parece tomarse en serio.

No debería responderle. Pero cuando la mentira se repite con pretensiones de historia oficial, guardar silencio no es prudencia: es permitir que la manipulación avance sin resistencia. Por eso, hoy es necesario desmontar, con serenidad y datos, el discurso que intenta ocultar la captura del sistema de justicia tras una fachada de legalidad.

La FECI fue creada legalmente en 2008. Su existencia derivó de un acuerdo del Ministerio Público en el marco del convenio con Naciones Unidas que dio vida a la CICIG. Estaba sujeta a la Ley Orgánica del MP, a la supervisión de jueces competentes y a mecanismos de control interno. No se necesitaban sellos decorativos, sino integridad. En lugar de llevarla “a la legalidad”, lo que ha ocurrido desde 2021 es su desnaturalización. Se pasó de investigar redes de corrupción estructural, a usar el poder penal como arma de persecución.

Curruchiche dice que antes se investigaba sin registro ni control. Eso es falso. Toda investigación penal inicia con diligencias preliminares que, por su naturaleza, son reservadas. Esas etapas —previas a una imputación formal— buscan proteger tanto la eficacia de la investigación como los derechos de los involucrados. Y estaban debidamente sustentadas en reportes, documentos, actas. Decir que antes no había control es una forma burda de desacreditar el trabajo de cientos de personas que sí hacían su trabajo con ética. Lo que molesta no es la supuesta “falta de registro”. Lo que molesta es que se investigaba a quienes hoy gozan de protección.

Otro punto que destaca es la supuesta implementación de la norma ISO 37001, sobre sistemas de gestión antisoborno. Esa norma no fue otorgada por una entidad certificadora independiente. Fue comprada directamente por el Ministerio Público, y con ella se justificaron millones de quetzales en consultorías, talleres y viáticos, sin resultados verificables. No hay un solo caso exitoso que se derive de esa aplicación. Mientras se montaba ese decorado, se cerraban fiscalías claves, se desmantelaban equipos especializados, y se enviaba al exilio a quienes se negaban a obedecer instrucciones políticas.

Hablan también del llamado “modelo GIC” —Gestión Integral de Casos— como si fuera una innovación técnica que transformó la Fiscalía. En la práctica, es un nombre rimbombante para tareas que cualquier fiscal mínimamente responsable ya hacía: organizar expedientes, priorizar investigaciones, mantener trazabilidad. No ha mejorado la calidad de las investigaciones ni ha frenado la impunidad. Lo que sí ha cambiado es el criterio: ahora no se investiga en función de la ley, sino de la conveniencia.

La digitalización de expedientes con el sistema ASTREA también se presenta como garantía de justicia. Pero registrar un caso digitalmente no lo vuelve legítimo. Cuando ese sistema se usa para filtrar casos, alterar cronologías o montar expedientes sin sustento, pasa de ser un instrumento administrativo a un medio de persecución. No es el sistema el que define la legalidad, sino la forma en que se ejerce el poder penal.

Quizá lo más ofensivo es la presentación del caso Odebrecht como su gran logro. Lo que no dice Curruchiche es que ese caso fue impulsado originalmente por el equipo que él ahora persigue. Esa investigación, construida con cooperación internacional, expuso una red transnacional de sobornos y financiamiento ilícito. Lo que ha hecho la actual administración es reciclar el caso para montar acusaciones infames contra quienes lo lideramos. La orden de captura contra Iván Velásquez, la fiscal general de Colombia Adriana Camargo y contra mí no tiene sustento probatorio serio. Es un acto de revancha, no de justicia.

Que se diga que los fiscales a cargo del caso Odebrecht permitimos que el Estado perdiera cientos de millones es absurdo. Sí firmé convenios con Odebrecht, pero siempre dentro del marco de una cruzada internacional para descubrir sobornos, respetando los procedimientos legales de Guatemala y con la autorización expresa de los jueces. Todo fue para avanzar en las investigaciones, recuperar recursos y llevar a los responsables ante la justicia. Los verdaderos responsables de esas pérdidas fueron los que, en contubernio con Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, negociaron y protegieron contratos corruptos. Ellos siguen libres o protegidos. Nosotros los investigamos. Y por eso hoy somos perseguidos.

Cuatro años después, lo que hay no es un rescate. Es una simulación. Una Fiscalía al servicio del poder, donde se abren casos según la agenda política, se fabrican expedientes contra críticos, y se mantiene la fachada institucional mientras se destruye por dentro la independencia judicial. La persecución penal selectiva, los pactos de impunidad, la censura disfrazada de legalidad, son hoy la norma. Y el costo no lo pagamos solo quienes fuimos expulsados del sistema. Lo paga toda una ciudadanía que se queda sin justicia.

Pueden repetir los mismos eslóganes una y otra vez. Pueden difundir comunicados con tono triunfal. Pueden llenar redes de placas, gráficos y promesas. Pero no pueden cambiar los hechos. Yo estuve al frente de la FECI. Sé cómo trabajamos. Sé por qué molestamos. Y sé por qué nos persiguen. No escribo esto desde la nostalgia ni desde el rencor. Lo escribo porque, frente a la manipulación y el cinismo, la verdad sigue siendo un acto de resistencia.