Esta semana ha sido noticia, de nuevo, que Guatemala se encuentra “ante el umbral del grado de inversión” que otorgan las calificadoras de riesgo internacional como Standard & Poor (S&P). La pregunta que se hacen los medios es ¿por qué la estabilidad ya no es suficiente? Detrás de estos análisis tanto periodísticos como empresariales se despliega una narrativa que no es meramente neutral o simplemente técnica, sino que reproduce con notable coherencia los supuestos fundamentales de una economía política del crecimiento centrada en la acumulación por medio del despojo y la extracción, la atracción de capital transnacional para participar del botín y la validación externa por parte de las calificadoras de riesgo para darle a todo el modelo un barniz de aceptación social e internacional. Esta narrativa, sostenida por voces como Patricio Vimberg de la calificadora transnacional S&P y Juan Carlos Zapata, el director de Fundesa, y amplificada por medios periodísticos, no solo presenta redundancias internas (en el sentido de que ambos se confirman a sí mismos), sino que revela una estructura ideológica cerrada, una especie de circuito autorreferencial en el que los criterios de éxito económico se definen desde fuera y se retroalimentan desde adentro sin cuestionamiento. Es el consenso dominante en su forma más tecnocrática posible.

El punto de partida es una paradoja que el propio discurso no logra resolver. Por un lado, Guatemala no alcanza el grado de inversión porque no tiene suficiente inversión extranjera directa (IED); por otro lado, no logra atraer suficiente IED precisamente porque no tiene ese grado de inversión. Esta circularidad no es un simple problema técnico, sino la manifestación de una dependencia estructural respecto a los criterios de validación del capital financiero global. Las agencias calificadoras como las instituciones financieras internacionales (FMI, etc.) no se limitan a medir únicamente “riesgo” o estimar las condiciones del crecimiento, sino que buscan instituir, en realidad, un régimen normativo que prescribe políticas públicas que incluyen disciplina fiscal, apertura comercial, garantías a la inversión privada y “estabilidad macroeconómica” entendida en términos restrictivos. Naomi Klein justamente llamó a toda esta mezcla de políticas económicas “la doctrina del shock” y “el capitalismo del desastre”. En este sentido, el “grado de inversión” es mucho más que un indicador neutral y funciona efectivamente como un dispositivo de poder que orienta la política económica hacia la subordinación a los flujos globales de capital.

El llamado “cuello de botella” de la falta de megaproyectos de infraestructura, reiterado por actores como Fundesa, CACIF y la misma S&P, suele presentarse como una limitación técnica al crecimiento, pero en realidad condensa una problemática más profunda del modelo de economía que domina en el país. Pues no se trata simplemente de que “faltan carreteras, puertos o energía” y de que, desatando la eficiente construcción y ejecución de estos proyectos también pueden convertir al país en un destino más atractivo para el capital transnacional. En el fondo, se trata más bien del tipo de infraestructura que promueve el gran capital y cómo responde a una lógica de valorización del capital antes que a una planificación democrática del territorio tomando en cuenta necesidades sociales, ambientales y climáticas. Los megaproyectos, financiados frecuentemente bajo esquemas de endeudamiento y hoy asociaciones público-privadas, impulsadas felizmente por el gobierno de Arévalo, tienden a priorizar corredores extractivos, enclaves logísticos y circuitos de exportación, reforzando así un patrón de acumulación basado en el despojo, la extracción y la externalización de costos socioambientales. Además, su ausencia no es meramente un déficit de inversión, sino también el resultado de conflictos sociales legítimos, agravios completamente justificados de los grupos más afectados, resistencias comunitarias frente a proyectos impuestos sin consulta previa e informada, así como de la captura del Estado por élites que bloquean reformas fiscales progresivas capaces de sostener una infraestructura orientada al bien común. En este sentido, el “cuello de botella” no es solo material, sino profundamente político y revela la tensión entre una visión de desarrollo subordinada a la competitividad global y la necesidad de construir infraestructuras apropiadas y comunitarias que respondan a las condiciones de reproducción de la vida en un contexto de desigualdad estructural y crisis ecológica.

La convergencia discursiva entre Vimberg y Zapata, el capital transnacional y la visión cacifista, no es casual. Ambos operan dentro de la misma matriz conceptual del crecimiento económico como condición necesaria y suficiente para el “desarrollo”. En esta lógica, el crecimiento se traduce en aumento del PIB, expansión de la inversión y mejora en los indicadores de riesgo país. Sin embargo, lo que queda sistemáticamente fuera del análisis es la calidad de ese crecimiento, su distribución, sus efectos socioambientales y, sobre todo, las relaciones de poder que lo sostienen. Esto, en Guatemala, no significa simplemente la calidad de la democracia, sino que significa la falta de una democracia de fondo y la existencia de una “democracia” completamente restringida y cooptada. En Guatemala el crecimiento ha estado históricamente vinculado a formas de acumulación por despojo y violencia como el extractivismo minero, la agroindustria orientada a la exportación, el saqueo y la concentración de la tierra y el rentismo financiero. Este patrón no solo reproduce desigualdades estructurales, sino que intensifica la vulnerabilidad ecológica en un contexto de crisis climática cuando debemos estar pensando en modelos nuevos y diferentes.

Y todo lo anterior, en verdad, no llega al meollo del asunto. El modelo económico promovido por Fundesa, así como por el CACIF, y ahora también por el gobierno de Arévalo, es muchísimo más que una propuesta técnica de desarrollo en torno a la cual debemos estar contentos/as y de acuerdo. Porque, en verdad, se trata de la expresión institucional de un bloque histórico que ha configurado el Estado guatemalteco en función de sus intereses coloniales, extractivos y expoliadores. Los proyectos como “Guatemala no se detiene” y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, incluso en la versión actualizada que propone el gobierno de Arévalo (¡No hubo ni una sola palabra de esto en el programa de Semilla!), deben ser leídos críticamente como intentos de modernización del mismo paradigma expoliador y extractivo, no como rupturas con él. Aunque incorporan un pálido lenguaje verduzco sobre sostenibilidad, inclusión y resiliencia, en última instancia mantienen intacta la matriz cacifista del crecimiento económico extractivista y la atracción de la IED con promesas de poca regulación, bajos estándares ambientales, laborales y fiscales, complementado con salarios de muerte, como motores del desarrollo.

La continuidad entre el paradigma neocolonial y el paradigma neoextractivista (como lo llama Maristella Svampa) revela una limitación estructural muy profunda como lo es la incapacidad del Estado para emanciparse de la hegemonía de los grupos familiares-empresariales que han definido históricamente el rumbo nacional. Sí, los mismos grupos que financian la política con el objetivo de mantener al Estado cooptado y a los grupos políticos adictos a la corrupción, como garantía de esa continuidad. Las “palancas” del Estado – política fiscal, regulación, planificación – operan así dentro de un marco estrecho, condicionado por la necesidad de mantener la confianza de los mercados y evitar sanciones implícitas de las calificadoras. En este contexto, cualquier intento de transformación profunda se enfrenta no solo a resistencias internas, sino a restricciones externas que delimitan el campo de lo posible.

Sin embargo, el problema no es únicamente nacional. La insistencia en el crecimiento extractivista como horizonte ineludible se vuelve particularmente problemática a la luz de la policrisis global que incluye crisis climática, pérdida de biodiversidad, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y fragilidad de los sistemas económicos. En este escenario, la desesperada búsqueda del grado de inversión aparece más bien como una estrategia anacrónica, incapaz de responder a los desafíos del presente. Más aún, es una búsqueda que contribuye a agravarlos, al reforzar un modelo de desarrollo que depende de la expoliación social y ambiental y la expansión continua de la producción, el consumo y el desecho desenfrenado en un planeta finito y crecientemente frágil.

La noción de “estabilidad” que subyace al consenso dominante también merece ser cuestionada. ¿Estabilidad para quién y a qué costo? Una economía puede ser estable en términos macroeconómicos – baja inflación, déficit controlado, tipo de cambio relativamente fijo – y, al mismo tiempo, profundamente desigual e inestable en términos sociales y ecológicos. La estabilidad para el CACIF es el sufrimiento de las mayorías sociales. Sin las remesas que entran a Guatemala cada mes el sufrimiento sería aún peor, quizás al punto de un estallido social. La estabilidad que buscan las calificadoras es, sin embargo, la previsibilidad de los retornos del capital, no la garantía de bienestar para la población ni la sostenibilidad de los ecosistemas. En este sentido, la crítica debe ir más allá de simplemente señalar las limitaciones del modelo extractivo y debe desnaturalizar sus categorías fundamentales.

Frente a este panorama, cuando hablamos de la necesidad de una alternativa no estamos haciendo un gesto retórico o discursivo, sino apelando a un imperativo político y una urgencia histórica impostergable. Pero esa alternativa no puede surgir de una simple corrección del modelo existente ni tampoco de un retorno ingenuo y reformista al pasado. Estamos hablando de una reconfiguración profunda de las bases y los consensos en torno a la economía política, la ecología política y la economía moral de la sociedad.

Una alternativa para Guatemala implica, en primer lugar, cuestionar la centralidad del crecimiento extractivista y neoliberal (o sus modalidades socialdemócratas y reformistas) como indicador de éxito. Propuestas como el decrecimiento, el ecosocialismo o el Buen Vivir ofrecen mejores marcos conceptuales que permiten pensar en formas de organización económica orientadas a la reproducción de la vida, más que a la acumulación de capital aunque sea en forma “democratizada”. En segundo lugar, también es necesario repensar el papel del Estado. No como garante de las condiciones para la inversión ni como mera fuente de asistencialismo, sino como articulador de procesos democráticos que permitan redefinir colectivamente las prioridades del desarrollo, el bienestar y el Buen Vivir. Esto supone abrir espacios para la participación de actores históricamente excluidos – pueblos indígenas, comunidades rurales, movimientos sociales, mujeres, juventud – y reconocer sus formas de conocimiento, organización y demandas como fuentes legítimas de normatividad y política pública.

Finalmente, cualquier alternativa debe confrontar de manera directa el problema del poder. La persistencia del modelo vigente no obedece únicamente a su coherencia interna, sino, sobre todo, a la capacidad de los grupos dominantes para imponer y reproducir su hegemonía, comenzando por la captura moral e intelectual de los grupos subalternos, incluso cuando dicha hegemonía ha entrado en crisis, como ocurrió en Guatemala en 2015. La llegada de Bernardo Arévalo al poder, aunque en buena medida contingente, sostenida por un amplio respaldo social e inicialmente fuera del control de las élites corruptas y empresariales, ha terminado por inscribirse voluntariamente en la continuidad de la restauración neoliberal, aunque sea en la forma más elemental de un “capitalismo democrático” en clave guatemalteca. Ello demuestra que, bajo ciertas condiciones, incluso la llamada “astucia de la historia” puede operar en sentido inverso, reabsorbiendo impulsos de cambio en la lógica del sistema.

Romper con esta dinámica exige ir más allá tanto del reformismo extremo-centrista como de las protestas cíclicas que suelen concluir del mismo modo en que comienzan. Aisladas, estas protestas pueden generar una sensación momentánea de empoderamiento – micrófonos en mano, pancartas en alto –, pero rara vez se traducen en transformaciones sostenidas al día siguiente o cuando las comunidades retoman su cotidianidad. Se impone, por tanto, la necesidad de una maduración política que supere el sectarismo y habilite procesos de articulación capaces de disputar el sentido común dominante, reconfigurar las bases de la legitimidad y abrir paso a nuevas formas de convivencia democrática.

En síntesis, el proyecto empresarial – articulado con sus aparatos ideológicos – en torno a la obtención del grado de inversión ofrece una ventana privilegiada para observar los límites del modelo dominante de crecimiento extractivo en Guatemala. Su insistencia en la estabilidad, la atracción de inversión y la calificación crediticia como objetivos centrales, insuficientes incluso desde la perspectiva del capital transnacional, revela una concepción autorreferencial del desarrollo, incapaz de responder a los desafíos de la policrisis contemporánea y la amenaza real del colapso social y climático. La crítica, por tanto, no debe limitarse a la superficie de sus argumentos, a los reportes de prensa o a las propuestas extremo-centristas; pero tampoco puede refugiarse en el retorno acrítico al dogma o a la ortodoxia. Es necesario, más bien, profundizar en las estructuras de poder y en los supuestos ideológicos que sostienen el consenso dominante. Solo así será posible abrir el horizonte hacia alternativas que no reproduzcan las lógicas de despojo, extracción y rentismo, y avanzar hacia la construcción de una economía para la vida, es decir, un orden económico más justo, democrático y ecológicamente sostenible.