Esto ocurre luego de que en diciembre 2024 el tribunal constitucional blindó a la exfiscal general, Consuelo Porras, para que no participara en dicha instancia, que fue creada por el Ejecutivo el 29 de noviembre de ese mismo año.
De esta forma, la CC declaró como constitucional el Acuerdo Gubernativo 200-2024, mediante el cual el Ejecutivo creó dicho gabinete, que es presidido por la vicepresidenta Karin Herrera y que se complementa con los ministros de Finanzas, Relaciones Exteriores, Gobernación y Desarrollo Social, así como por representantes de otras instancias gubernamentales.
Este acuerdo establece que el fiscal general deberá participar en sus sesiones ordinarias y extraordinarias por invitación del presidente.
En diciembre de 2024, la CC suspendió provisionalmente frases del Acuerdo, evitando que Porras, asistiera por invitación del presidente a las reuniones. La FCT argumentaba en el amparo que el Ejecutivo estaba violando el principio de legalidad al pretender obligar a Porras a participar en dicho gabinete específico.
De igual forma, en ese entonces la la CC dejó en suspenso la frase del artículo 7 en la cual se menciona que otros consejos, comisiones, secretarías, instituciones públicas, sector privado, académico, sociedad civil u otros que se consideren aborden temas en dicho gabinete.
Cuestiona resolución de la CC
A criterio del abogado Javier Monterroso, esta resolución evidencia que los anteriores magistrados de la CC pretendieron proteger a Porras para que no asistiera a las reuniones del gabinete cuando fuese invitada.
“Nuevamente se evidencia la selectividad de los fallos de la CC”, afirmó Monterroso al ser consultado sobre la resolución.
Además, el jurista señaló que, en el cumplimiento de resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, está bien que el Ejecutivo coordine con otras entidades que tienen relación con los casos, pero cuestionó la creación de este gabinete.
“Sin embargo, la creación de ese gabinete pareció obedecer a una idea del entonces director de Copadeh para que el MP se evidenciara como violador de derechos humanos, cosa que, por supuesto, la CC impidió”, dijo Monterroso.
Con la resolución, se abre la posibilidad de que los próximos presidentes puedan invitar al fiscal general del MP a las reuniones ordinarias y extraordinarias del gabinete.
