En un comunicado, la SIB informó que el marco legal vigente ha sido funcional durante más de 25 años, pero ya no responde a las condiciones actuales del sistema financiero internacional, al avance tecnológico ni a los nuevos riesgos asociados a la criminalidad organizada transnacional.
La SIB recordó que el Informe de Evaluación Mutua realizado a Guatemala en 2016 señaló la necesidad de reformar la legislación nacional para corregir las brechas detectadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, indicó que dichas reformas continúan pendientes una década después.
En el comunicado, la entidad advirtió que la falta de aprobación de la iniciativa 6593 incrementa el riesgo de que Guatemala sea incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo internacional encargado de supervisar estándares contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La SIB señaló que este escenario podría provocar un mayor escrutinio sobre las operaciones vinculadas con Guatemala, controles internacionales más estrictos y un aumento en los costos de transacciones financieras y comerciales con el exterior.
La institución también indicó que las consecuencias podrían impactar directamente a la población, especialmente en el envío y recepción de remesas, debido a posibles revisiones adicionales y mayores tiempos de validación antes de procesar las transferencias.
Además, advirtió sobre eventuales incrementos en costos y comisiones para los usuarios, así como demoras en servicios financieros y transferencias internacionales.
En el ámbito comercial, la SIB afirmó que las importaciones y exportaciones podrían enfrentar procesos más lentos y complejos por controles adicionales de entidades financieras internacionales, lo que podría trasladarse a mayores costos de bienes y servicios para la población.
“La aprobación de la iniciativa 6593 constituye una necesidad estratégica para Guatemala, a fin de proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos que podrían afectar directamente a la ciudadanía guatemalteca”, concluyó la entidad.
