Radiografía de las planillas del CANG para TSE. Planilla 4: Unidad X la Democracia

La planilla 4 con buenas probabilidades de pasar a segunda vuelta, si logra movilizar mañana suficiente apoyo en la ciudad de Guatemala y de votantes de carreras afines.

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enero 4, 2026 - Actualizado enero 6, 2026

Es la continuación de “Unidad X la Justicia” que, por sus antecedentes de participación política gremial en 2024 y 2025, y por su reconocimiento mediático, se estima que es la segunda planilla más fuerte, después de la 1, con buenas probabilidades de pasar a segunda vuelta si logra movilizar mañana suficiente apoyo de la Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos importantes, como Quetzaltenango, además de votantes de carreras afines. Postula a Gregorio José Saavedra Zepeda como candidato a comisionado titular y a Edgar René Ortíz Romero como suplente para integrar la postuladora que nominará a 20 profesionales para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En general, ambos tienen una proyección pública vinculada a la defensa del orden constitucional y la democracia.

Gregorio Saavedra y Edgar Ortíz conforman la planilla denominada Unidad por la Democracia.

Otro grupo de la misma corriente reformista, liderado por Juan Francisco Solórzano Foppa intentó inscribir una sexta planilla postulando como candidato titular a Ramón Cadena –recién indiciado por el MP en el caso de la Universidad de San Carlos (USAC)— y como suplente a María Eugenia Mijangos, exmagistrada del TSE. Finalmente, por requisitos pendientes, no fue inscrita, pero tampoco llamó a apoyar la planilla 4, que hubiese sido lo lógico, pues es la fórmula que hace contrapeso a la planilla 5 que reúne a los actores más cuestionados del sistema de justicia y al rector Walter Mazariegos de la USAC.

Gregorio Saavedra, el candidato a comisionado titular, es egresado de la URL y su experiencia la ha desarrollado principalmente en el sector privado, en el campo de la responsabilidad social empresarial y el análisis político, enfocado en temas anticorrupción. Fue gerente general de la ONG internacional TECHO Guatemala; secretario de FOPAVI, asesor de transparencia en el Minsalud, líder de proyectos de USAID en la PADF y director de la Unidad Académica del CANG en 2025. Renunció a este último cargo para esta postulación.

Forma parte del grupo de abogados que ha interpuesto una serie de amparos en 2023 y en octubre de este año 2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se respetasen los resultados de las últimas elecciones generales, ante la persistencia del MP de promover causas penales por un supuesto fraude electoral. Ha participado formalmente en política gremial del CANG desde 2024, con la agrupación “Unidad X la Justicia” (UXJ) por la que fue comisionado de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)en ese año. Antes, apoyó las candidaturas de las planillas de Alternativa Independiente ARCO y Juristas por Guatemala (de Alejandro Ballsels, Patricia Gámez y Edgar Ortíz).

UXJ estuvo conformada por la alianza entre cuatro agrupaciones que han participado en elecciones gremiales de 2017, 2019, 2021 y 2023 con sus propios liderazgos: Transparencia y Cambio (Juan Francisco Solórzano Foppa), Alternativa Independiente ARCO y Juristas por Guatemala (Edgar Ortiz). A partir de su participación en la Comisión de Postulación para CSJ conoció al decano de derecho de la USAC Henry Arriaga, con quien mantiene una buena relación. Esto podría ser indicador de que, de llegar a integrar la Comisión de Postulación para TSE, ambos podrían llegar a acuerdos. Su hermano, por parte de padre, es el PGN, Julio Saavedra, lo cual da pie a que se le señale como afin al gobierno y, por tanto, poco independiente. Ha sido notario de cuatro empresas no vinculadas entre sí y sin señalamientos relevantes. Su contador, Mario Alexander Ardón, también es contador de varias empresas sin vínculos o señalamientos.

El PGN, Julio Saavedra es hermano del candidato titular, Gregorio Saavedra.

Edgar Ortiz, candidato suplente, es abogado constitucionalista egresado de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) con trayectoria en análisis político y jurídico para organizaciones y tanques de pensamiento de liberalismo clásico. Es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo del controversial empresario Dionisio Gutiérrez de CMI. También ha formado parte del grupo de abogados que han interpuesto amparos desde 2023 y en octubre de 2025 ante la CC para que se respeten los resultados electorales de 2023, lo cual, por otro lado, levanta la percepción entre los opositores de que tiende a favorecer al poder Ejecutivo, cuestionando su objetividad, si forman parte de la postuladora, para evaluar perfiles de candidatos.

Edgar Ortíz es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ortíz se ha involucrado en el apoyo a planillas del CANG desde el 2020 con la agrupación “Juristas por Guatemala”, y en 2024 con la agrupación “Unidad X la Justicia” (UXJ) por la que fue candidato a comisionado de postulación para la Corte de Apelaciones en 2024. Es conocido como abogado constitucionalista y analista político en sus perfiles personales y en Canal Antigua y el podcast Tan/Gente.

Ortíz está casado con la comunicadora Marjorie Von Ahn Scheel, quien ha sido conductora de radio, podcasts, y se ha posicionado desde sus perfiles de redes sociales donde ha ganado notoriedad por sus análisis políticos. Por otro lado, constituyó la empresa Propiedad Futura, la cual se dedica a construcción de obras de ingeniería civil; no ha sido proveedora del Estado. Su contador, Arnulfo Mayén Véliz, es también contador de múltiples empresas y personas individuales, sin señalamientos relevantes. Por otra parte, su contadora personal, Gloria Arlina Chong, también es contadora de dos empresas sin señalamientos o vínculos relevantes.

En resumen, el punto débil de esta planilla es la supuesta afinidad con el gobierno y parte de la elite empresarial, lo cual podría abrir el cuestionamiento por presuntos conflictos de intereses. En caso de llegar a la comisión de postulación, serán exigidos por la opinión pública que los sigue –proviniendo ellos mismos de la tecnocracia privada—una alta rigurosidad y prácticas de rendición de cuentas al evaluar perfiles de candidatos que garanticen la independencia del TSE.

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