La controversia comenzó el 21 de mayo, cuando Chaves sugirió en conferencia de prensa que Peinado se encontraba refugiada en México “por temor a una fiscalía corrupta”. Aunque no dio detalles, sus palabras implicaban un señalamiento político que fue desmentido por autoridades guatemaltecas.

“Primero que todo, repito mis disculpas a mi apreciadísimo amigo, el presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo. Fue algo que no debía haber dicho. Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad. Yo no voy a entrar en debate con un colega a quien aprecio muchísimo, ni voy a referirme más al tema”, señaló el mandatario costarricense.

Tras una semana, en una nueva conferencia de prensa, abordó directamente el tema tras cuestionamientos de la prensa. Chaves optó por ofrecer disculpas públicas sin retractarse ni confirmar si su fuente estaba equivocada.

“Digamos que la palabra que debe prevalecer es la de don Bernardo, y yo ahí me bajé de ese tema inmediatamente. No voy a revelar mis fuentes, ni voy a referirme a si estaban equivocadas o correctas”, dijo. 

El Ejecutivo aseguró que Peinado cumple una agenda previamente establecida, que incluye actividades oficiales, compromisos familiares y participación en foros internacionales.

El 22 de mayo, al día siguiente de las declaraciones de Chaves, el gobierno guatemalteco detalló que el viaje de Peinado se inició con una visita familiar a México, seguida de su participación en un encuentro de primeras damas en Panamá. Luego, acompañará al presidente Bernardo Arévalo en una gira oficial a Taiwán y Japón. Al concluir estos viajes, tiene programada una reunión multilateral y una visita familiar a Europa. Todo esto, según la Presidencia, forma parte de su ejercicio de diplomacia en favor de proyectos sociales.

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, declaró que desconocen de dónde obtuvo Chaves la información, pero dijo que las afirmaciones son falsas. No obstante, reconoció que el señalamiento del mandatario costarricense refleja una percepción internacional sobre el actuar del Ministerio Público. Lo calificó como una institución que ha generado criminalización contra defensores de la democracia, incluyendo periodistas y abogados.