Representantes de mujeres, pueblos indígenas, juventudes, campesinos, trabajadores, diversidades sexuales y de género, periodistas, profesionales y defensores de derechos humanos se unieron para exponer las acciones que implementarán ante la coyuntura en el país. Además de su rechazo a la criminalización de los pueblos indígenas, este movimiento también será en defensa de la democracia. 

“La dignidad no se encarcela. Libertad para Héctor y Luis, y todos los demás presos políticos. Alto a la criminalización y persecución. Exigimos la renuncia de la Fiscal General”, leyeron en un comunicado conjunto, en el que también se declararon en solidaridad con las familias y comunidades de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán capturados tras un caso elaborado por el Ministerio Público (MP).

Durante el pronunciamiento, Leocadio Juracán, del sector campesino, expresó su respaldo a la ruta trazada por las autoridades ancestrales y confirmó que esta nueva plataforma acompañará las decisiones que ellas definan. “Nosotros nos vamos a sumar al plan, a las acciones que las autoridades están definiendo”, afirmó. 

También advirtió sobre el clima de represión que viven las comunidades: “Hay una total indignación en los territorios, en los pueblos, en las comunidades, porque también esta criminalización, esta represión, ha venido históricamente en contra de los pueblos. En Guatemala está aplicada a raíz del racismo, de la discriminación histórica, sistemática, en contra de nuestros pueblos”.

“Es totalmente falsa, mentira, de lo que están acusando a los compañeros Luis y Héctor, y a muchas dirigencias más a nivel nacional. Seguimos en esta discusión, pero nos estamos sumando a los planteamientos de las autoridades indígenas”, señaló respecto a la acusación contra Pacheco y Chaclán.

Margarita Castro, representante del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (Centracap), afirmó que estas acciones buscan infundir miedo entre los pueblos indígenas, criminalizarlos por su papel en la defensa de la democracia y por no permitir que se impidiera la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. “Quiero decirle a toda mi gente de 48 Cantones que no se asuste, que estén informados de todo lo que está haciendo el Ministerio Público; ellos son los terroristas”, expresó. 

Recordó que esta persecución comenzó desde 2023, cuando intentaron “secuestrar las elecciones” y, al no lograr su cometido, emprendieron una ola de capturas contra líderes comunitarios. También cuestionó la selectividad del MP con la persecución penal. “Qué casualidad que solo andan atrás de este gobierno. ¿Y los demás casos de corrupción? Eso lo sabe toda la población, pero ellos se hacen los locos. ¿Por qué? Porque estas son criminalizaciones contra nosotros los indígenas. Porque no se les dio que no dejaran subir al presidente Arévalo”, dijo Castro.

Las organizaciones alertaron sobre la continuidad del “pacto de corruptos” que busca mantener el control de instituciones clave del Estado como el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el MP, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de Derechos Humanos. Con estas acciones garantizan la impunidad, explotan recursos y debilitan la democracia. Reafirmaron su compromiso con la defensa de los territorios, el fortalecimiento del poder comunitario y la construcción de una Guatemala plurinacional.

“Como lo hicimos en las grandes movilizaciones de 2015, 2021 y 2023, seguiremos ejerciendo nuestros derechos y obligaciones ciudadanas para defender la democracia y luchar contra la corrupción”, concluyeron.