De esta forma, la solicitud de antejuicio contra Orellana pasará un primer filtro en el Juzgado a cargo de Moto, quien, de conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio, deberá inhibirse de conocerlo, darle el trámite correspondiente y remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que será la instancia encargada de conocer el antejuicio y decidir si da lugar a la formación de causa.
El MP ha solicitado que se le retire la inmunidad a Orellana por presuntamente estar involucrado en un caso de sobornos. Según una denuncia presentada con el togado, este habría recibido Q400 mil a cambio de nombrar a autoridades en el proceso de intervención de dicho hotel.
La denuncia señala que se emitieron al menos ocho cheques de Q50 mil cada uno bajo el concepto de “salarios caídos” a favor del interventor y del gerente del hotel, a pesar de que ambos acababan de asumir esos puestos.
Jueces sancionados
Tanto Moto como Orellana, han sido señalados por Estados Unidos por acciones relacionadas con corrupción y el debilitamiento de instituciones democráticas. Moto fue incluido en julio de 2021 en la denominada Lista Engel, elaborada bajo la Sección 353 del Departamento de Estado.
Según Estados Unidos, Moto, quien en enero de ese año había sido seleccionado para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión judicial favorable. La designación implicó restricciones para ingresar a Estados Unidos.
Orellana también fue incluido por Estados Unidos en el reporte de la Sección 353 de 2023, por considerar que, como juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar acciones judiciales políticamente motivadas relacionadas con el proceso electoral de 2023.
Posteriormente, en febrero de 2024, la Unión Europea sancionó a Orellana por su participación en acciones que, según el bloque europeo, contribuyeron a socavar la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder en Guatemala. Las medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a territorio de la UE. Su nombre continúa en el régimen de medidas restrictivas de la Unión Europea contra Guatemala.









