Durante una conferencia de prensa realizada en el kilómetro 29 de la Carretera a El Salvador, Bernardo Arévalo presentó el proyecto como una muestra de los resultados que, según afirmó, está produciendo su administración en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional.
“Necesitamos no solo hablar de cambios y obra pública, sino tenemos que hacer que esta obra pública sea evidente, que se vea. Y hoy estamos justamente parados en uno de esos cambios y en un cambio que representa un resultado”, expresó el mandatario.
Arévalo aseguró que su gobierno está demostrando que una gestión pública basada en la transparencia y la recuperación institucional puede traducirse en beneficios concretos para la población.
“Nuestra apuesta por fortalecer la democracia y recuperar las instituciones ha ido demostrando que no da lo mismo quién gobierne Guatemala porque cuando un gobierno es liderado con decencia y honestidad los resultados y cambios esperados llegan al pueblo”, afirmó.
El presidente destacó que esos resultados se reflejan en proyectos de infraestructura, salud, educación y conectividad vial. “Apoyar y fortalecer nuestra conectividad es una obligación del Estado de Guatemala que nuestro gobierno no está dispuesto a ignorar y lo estamos demostrando con decencia y de frente a la gente. Haciendo las cosas de manera diferente”, indicó.
Sin embargo, la obra utilizada por el mandatario para ejemplificar esos cambios forma parte de los contratos adjudicados mediante la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias contemplada en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, un mecanismo excepcional que limita la participación a empresas previamente invitadas por la entidad contratante.
El primer proyecto del artículo 95
La supervisión se realizó en el proyecto identificado en Guatecompras con el NOG 29615631, correspondiente al proceso CPP-001-2026 “Mantenimiento de la Red Vial Prioritaria”, adjudicado a Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) por Q100.5 millones.
Las bases del concurso fueron aprobadas el 26 de febrero de 2026 mediante la resolución DIRCOVIAL CPP-001-2026 y el contrato contempla el mantenimiento de 22.7 kilómetros de la ruta CA-01 Oriente, en el tramo comprendido entre Fraijanes, Santa Elena Barillas y Pueblo Nuevo Viñas.
Entre los trabajos incluidos figuran el fresado de más de 190 mil metros cuadrados de pavimento, la recuperación y estabilización de la superficie existente y la colocación de más de 54 mil toneladas de mezcla asfáltica modificada en caliente.
Durante la actividad, la ministra Norma Zea defendió el uso del artículo 95 y confirmó que actualmente existen diez proyectos a cargo de la Unidad de Conservación Vial (Covial) en ejecución bajo esta modalidad.
“Estamos activos con 10 proyectos por el artículo 95, que son las emergencias. Esta es una de ellas donde estamos hoy y luego también estamos por iniciar el proceso de otras tres por medio de la Dirección General de Caminos”, señaló.
La funcionaria explicó que el proyecto tiene un carácter simbólico para la cartera porque constituye la primera intervención desarrollada bajo la figura de Carretera Principal Prioritaria (CPP).
“Estamos hoy en este tramo porque es simbólico. Este es nuestro primer tramo denominado CPP-01-2026, que es Carretera Principal Prioritaria, porque la hemos trabajado con el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial”, indicó.
Zea también informó que el Ministerio de Comunicaciones mantiene más de 320 proyectos en fase de bases dentro de Guatecompras y espera concretar nuevas adjudicaciones durante julio próximo.
Un mecanismo excepcional y cuestionable
La investigación publicada por eP Investiga documentó que el proyecto fue adjudicado mediante la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias, un procedimiento diseñado para atender carreteras que representen riesgos para la vida o integridad física de los usuarios.
A diferencia de una licitación pública tradicional, este mecanismo restringe la competencia a empresas previamente invitadas por la entidad contratante, en este caso Covial. Aunque el evento debe publicarse en Guatecompras para efectos de transparencia, únicamente las empresas invitadas pueden presentar ofertas.
La normativa exige además que la utilización de esta modalidad sea respaldada por informes de riesgo emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y por el aval técnico de la Dirección General de Caminos.
Asimismo, la ley establece plazos acelerados para la adjudicación de los contratos. Una vez emitida la recomendación de la comisión evaluadora, la adjudicación debe realizarse en un día calendario; el contrato se firma al día siguiente y ese mismo día debe ser aprobado mediante acuerdo ministerial.
Los vínculos de Progeyco
Investigaciones periodísticas desarrolladas por elPeriódico han señalado vínculos entre Progeyco y el empresario Juan Pablo Mansilla Morales, propietario de la constructora Coamco. De acuerdo con esas publicaciones, el representante legal de Progeyco, Juan Pablo Monzón Woc, trabajó previamente para Mansilla Morales, quien pagó sus cuotas patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) entre 2019 y 2020.
Las investigaciones también señalaron que ambas constructoras compartieron domicilio en la colonia Tecún Umán, zona 15 de la ciudad de Guatemala, circunstancia que generó cuestionamientos sobre posibles relaciones empresariales entre las compañías.
Otro antecedente que refuerza esa relación fue documentado por elPeriódico en agosto de 2020 durante una gira presidencial para supervisar la construcción del hospital temporal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
En aquella actividad, el entonces presidente Alejandro Giammattei agradeció públicamente a Coamco por la donación de asfalto utilizado para habilitar el centro asistencial. “Gracias a la empresa Coamco, que de alguna manera gratuita nos donó el asfalto que hacía falta. Muchísimas gracias, Juan Pablo”, expresó Giammattei.
Sin embargo, la persona a quien se dirigió el agradecimiento no fue Juan Pablo Mansilla Morales, propietario de Coamco, sino Juan Pablo Monzón Woc, actual representante legal de Progeyco, quien asistió al acto en representación de la empresa.
Mansilla Morales también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos esquemas de financiamiento electoral ilícito y posibles casos de defraudación tributaria.
En febrero de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó la declaración de un testigo que describió un supuesto mecanismo de financiamiento ilegal para la campaña presidencial de Alejandro Giammattei. Según esa versión, entre las constructoras que habrían contribuido con recursos figuraba Coamco.
Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, la empresa continuó obteniendo contratos durante el gobierno de Giammattei. Entre 2020 y 2023 recibió adjudicaciones por Q411.3 millones en el Ministerio de Comunicaciones. Tras la publicación del reportaje de El Faro, la constructora dejó de recibir nuevas adjudicaciones del gobierno central.
La visita presidencial ocurrió el mismo día en que eP Investiga reveló cómo más de Q1 mil 286 millones fueron adjudicados en pocas semanas mediante procedimientos amparados en el artículo 95, beneficiando a constructoras relacionadas con empresarios como Gustavo Alejos, Elfrid Josué Méndez Peláez, los hermanos Samayoa Soria, Julio Alejandro Quinto Tobar y Juan Pablo Mansilla Morales, todos mencionados en distintas investigaciones por presuntos actos de corrupción, financiamiento político irregular o redes de tráfico de influencias vinculadas a la contratación pública.
