El estudio advierte sobre un retroceso generalizado en las libertades de prensa y expresión en la región, impulsado por el uso de discursos estigmatizantes y ataques sistemáticos contra periodistas, muchos de ellos provenientes de autoridades públicas.

En el caso de Guatemala, el informe señala una “embestida judicial” contra periodistas, activistas y opositores políticos, atribuida a lo que describe como el “Pacto de Corruptos”, una red de actores vinculados al poder político y económico que busca debilitar la rendición de cuentas y silenciar la crítica.

“Los actores encargados de garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa están, en realidad, contribuyendo a su vulneración”, subraya el documento.

El análisis basado en entrevistas y encuestas aplicadas en cinco países —Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua—, concluye que los principales responsables de las amenazas e intimidaciones contra periodistas son simpatizantes y militantes de partidos políticos, seguidos de funcionarios públicos y operadores de justicia.

Además, el informe documenta que la violencia digital contra periodistas ha adquirido nuevas formas, incluyendo el uso de memes, videos, correos intimidatorios y la difusión de datos personales, lo que amplifica el hostigamiento más allá de las redes sociales.

Entre los principales desafíos para la región, el estudio identifica la consolidación del control político en países como El Salvador y Nicaragua, la impunidad en los crímenes contra la prensa en Honduras y la persistencia de estructuras de corrupción en Guatemala.

El informe concluye que Centroamérica enfrenta un futuro con más desafíos que avances en materia de libertad de expresión, en un contexto donde el poder público se ha convertido en una de las principales amenazas para el ejercicio periodístico.