El estudio se realizó con base en el análisis de siete pactos colectivos vigentes, entre estos el del Ministerio de Educación, Organismo Judicial, Ministerio de Economía, Empresa Portuaria Quetzal, Municipalidad de Villa Nueva, Congreso de la República y Universidad de San Carlos de Guatemala.
Según Francisco Quezada, investigador del CIEN, si bien los pactos colectivos están normados en la Constitución y en diferentes leyes, existen debilidades en estos, debido a que se utilizan marcos de derecho privado para normar las relaciones laborales públicas, donde se han encontrado privilegios.
“Se otorgan licencias y poder absoluto en algunos casos, se conceden beneficios desproporcionados y tiempo libre excesivo, se garantiza la herencia del puesto y se llevan a cabo negociaciones con fondos públicos”, indicó Quezada.
El investigador señala que uno de los problemas que se han identificado en los pactos colectivos es que se otorgan este tipo de concesiones para comprar “paz y estabilidad”.
“Se institucionalizan estos privilegios, comprometiendo de forma grave la sostenibilidad fiscal del Estado, difícil de romper una vez ya otorgado, rompiendo la equidad laboral y la eficiencia del aparato estatal”, indicó.
Impactos negativos
Andrea Monterroso, investigadora del CIEN, señala que dentro de los principales hallazgos del estudio están los impactos negativos en la gestión del recurso humano en las instituciones, debido a que las plazas laborales se vuelven hereditarias, restringiendo los concursos abiertos y debilitando el principio de idoneidad para el puesto.
“Entre los pactos analizados, solamente en remuneraciones en el año 2024 se incrementaron Q2 mil 459.1 millones, un aumento del 7.6 por ciento, además que se otorgaron bonos y beneficios automáticos en cinco de estos pactos, que no están vinculados a desempeño, y estas cargas fiscales se vuelven permanentes y distorsionan salarios, reduciendo la flexibilidad del presupuesto de las instituciones y afectando la sostenibilidad del gasto público”, dijo Monterroso.
Las conclusiones del estudio señalan que los pactos colectivos ignoran principios como el mérito y la racionalidad ética, además de que comprometen la sostenibilidad financiera del Estado. También se menciona que los beneficios que se otorgan mediante estos no se vinculan al desempeño de las funciones.
“Ya varios países de la región, como Uruguay, Costa Rica y Paraguay han establecido límites claros a la negociación colectiva, por lo que se recomienda contar con una regulación específica para el caso de Guatemala”, indicó Monterroso.
Para el CIEN es necesario que se homologuen las escalas salariales y que se evite que los recursos públicos se conviertan en privilegios para las cúpulas dirigenciales que participan en las negociaciones.
