En un comunicado, la empresa de telefonía informó que en el momento de los hechos, Millicom operaba junto a Comcel, pero no tenían control sobre sus gestiones. En 2015 la compañía informó voluntariamente al Departamento de Justicia y a las autoridades suecas sobre sobornos que realizaba Comcel durante ese año. 

El juicio se ha desarrollado en Estados Unidos, pero logró un acuerdo con la multinacional para que pague una multa de US$60 millones y renuncie a aproximadamente US$58.2 millones en beneficios derivados de los sobornos. 

“En reconocimiento a la autodenuncia de 2015, a la amplia cooperación y los esfuerzos de remediación de Comcel y Millicom, así como a la solidez del programa de cumplimiento global de Millicom, el acuerdo permanecerá vigente durante dos años, en lugar del plazo estándar de tres años, y el DOJ no exigirá un supervisor corporativo”, afirmó la entidad. 

La multa aplicada a la empresa es 50 por ciento menor al límite inferior del rango de las sanciones aplicables según las directrices de sentencia de los Estados Unidos. La resolución también indica que Millicom informará al Departamento de Justicia sobre su programa de cumplimiento durante la vigencia del acuerdo.

“Si bien esta mala conducta ocurrió cuando carecíamos del control operativo de Comcel, Millicom ha tomado sistemáticamente todas las medidas posibles para remediarla y corregirla”, declaró Salvador Escalon, director jurídico y de cumplimiento de Millicom. 

Caso en Guatemala se mantiene impune 

El proceso en Guatemala fue presentado en 2019 por la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP). Las evidencias revelaron cómo diputados del Congreso respondían a intereses del Organismo Ejecutivo a cambio de sobornos que eran transportados en maletas de efectivo que provenían de altos directivos de la empresa TIGO, incluido Valladares Urruela. 

Esta operación se registró entre el 2012 y 2015 y fue liderada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para que los diputados votaran según intereses partidistas, informó el MP en ese entonces.

“Desde la vicepresidencia, el dinero era repartido a través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como jefes de línea o brochas”, detalla una nota de prensa del ente investigador.  

Tras la caída del Partido Patriota, Valladares Urruela figuró como ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales. 

Fue durante esa gestión que el MP presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Valladares y siete diputados involucrados en la investigación; entre ellos figura el aún parlamentario Boris España, de Vamos. Su retiro de inmunidad fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Meses después, el juez Víctor Cruz anuló varias de las pruebas que habían sido recabadas por la FECI, entre ellas, escuchas que documentaban la entrega de sobornos. El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, denunció que el juez actuó de forma parcial. 

Años después, en 2022, el exministro de economía se declaró culpable de haber conspirado para lavar dinero ante una corte de los Estados Unidos. La justicia internacional lo acusó de haber blanqueado US$9.5 millones y él mismo habría participado personalmente en una de las transacciones. 

La investigación detalló que parte del dinero que fue lavado en Estados Unidos se utilizó en 2014 para pagar sobornos a diputados del Congreso que ese año aprobaron la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, la cual le otorgaba beneficios a la empresa TIGO, de donde Valladares Urruela fue directivo.