El presidente Bernardo Arévalo informó hoy que hay un grupo de diputados que se plantea hacer modificaciones a la normativa en caso de que la CC falle a favor de Dylan Smaily Archila García, alias “Sonriente”, integrante de la MS que planteó la acción ante la CC para frenar la ley recién aprobada. 

“Estamos observando cuál es la situación que está desarrollándose en el marco de la acción legal presentada por un pandillero, pero existen esfuerzos en el Congreso para introducir algunas modificaciones de ley que eliminaría cualquier excusa para que alguien objete la utilización de herramientas legales en contra de los pandilleros”, aseguró Arévalo. 

Diputados de diversas bancadas aseguraron desconocer sobre las modificaciones a las que hizo referencia el presidente Arévalo, pero coincidieron en que, de recibir una orden de la CC en contra de la normativa, aprobarían nuevamente el decreto en el pleno. 

Byron Rodríguez, diputado de Todos, aseguró que lo aprobado en el Congreso “es de beneficio para toda la población” porque endurece penas a quienes se benefician de manera económica con el delito de extorsión.

“Esperemos que la CC pueda establecer un criterio la próxima semana, cuando esperaría yo que ya tengamos noticias y si no, estoy seguro que en el Congreso volveríamos a pasar el decreto sin modificaciones”, explicó el parlamentario. 

La semana pasada la CC solicitó un informe a la Junta Directiva del Congreso respecto a su actuar en la sesión plenaria. El presidente del Legislativo, Nery Ramos, aseguró que se evacuaron todos los requerimientos y añadió que, antes de su aprobación, la iniciativa y sus enmiendas fueron analizadas por los parlamentarios siguiendo todos los procesos de ley establecidos en la Constitución. 

“Sería un absurdo botar un instrumento jurídico que busca mejorar la seguridad de los guatemaltecos y combatir frontalmente a un fenómeno criminal”, dijo Ramos. 

El argumento que utilizó el pandillero para accionar contra la ley antimaras es que la normativa viola sus derechos humanos y el principio de legalidad porque condena y estigmatiza a los pandilleros sin antes ser escuchados por un juez. 

La ley fue aprobada después de que Estados Unidos declaró a las pandillas como grupos terroristas y de que 20 reos se fugaran de la cárcel de Fraijanes II. El presidente Arévalo afirmó que la próxima semana llegará a Guatemala el equipo del FBI que ayudará a las autoridades a buscar a los 16 pandilleros que continúan prófugos tras haber evadido la seguridad en la prisión.