La denuncia fue presentada por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Esta semana, grupos organizados, como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), bloquearon distintas rutas a nivel nacional. Esto ocurrió entre el jueves y el viernes. 

Ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Cámara de Comercio de Guatemala y ordenó al Ejecutivo y a la Policía Nacional Civil (PNC) garantizar el derecho a la libre locomoción. 

Posteriormente, el STEG emitió un comunicado dirigido a su Comité Ejecutivo, dirigentes seccionales y subseccionales, en el que hicieron llamados a deponer bloqueos, pero indicaron que el derecho de manifestación se mantendría.

El comunicado del STEG se basa en una resolución emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social que ordenó deponer las medidas tomadas por los sindicalistas. 

Tras estos hechos, se conoció que el Ejecutivo, por medio de la Conred, presentó una denuncia penal, argumentando que estas acciones afectaron la respuesta que se ha dado ante la situación de los sismos en el país. 

Según la denuncia, los bloqueos ocurrieron mientras el país se encontraba en alerta anaranjada, lo que afectó la movilización de los equipos de respuesta inmediata, así como equipo de entrega de ayuda y asistencia humanitaria y de los equipos de evaluación de daños. 

La denuncia no se presentó contra el STEG u otro grupo sindical, ya que la responsabilidad por estos hechos es individual. 

Ayer, el presidente Bernardo Arévalo calificó los bloqueos como acciones “irresponsables y desconsideradas hacia las víctimas y afectados por los sismos”, por lo que indicó que estaban estudiando las medidas legales a tomarse para asegurar que este tipo de acciones no se repitan.