El presidente Arévalo citó a los alcaldes para informar sobre una reforma que planteará al decreto 7-2025, aprobado de urgencia nacional por el Congreso el pasado 2 de septiembre. 

Según el mandatario, la redacción de la ley representa una trampa para los alcaldes porque no modifica las responsabilidades que tienen sobre las obras que sean construidas a través del sistema de Codede. 

La normativa se basa en dos artículos, uno que permite el arrastre de los fondos no ejecutados en 2025 hacia el de 2026, y el otro establece que, de no tener los permisos de instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), entre otras, de igual forma los alcaldes pueden construir las obras. 

Arévalo afirmó que se ha tenido diálogo con algunos diputados para corregir las fallas en el decreto que ponen en riesgo a los alcaldes. 

“Si algo sale mal con ese proyecto, la responsabilidad va a recaer sobre el alcalde porque entonces lo que pasó es que no obtuvo los documentos que están indicados en la otra serie de leyes vigentes”, indicó el mandatario.

Esto quiere decir que, al construir una obra y esta, por ejemplo, no cumplió con el tratamiento correcto de los desechos o se gestionó en una zona de riesgo de derrumbes, la responsabilidad será del jefe edil que la autorizó. 

“Estamos reformando para evitar que el decreto sea una trampa para la ejecución y que detenga la inversión de fondos públicos, porque al final lo que nos interesa a nosotros es que el dinero que está llegando a las municipalidades se traduzca en obra de beneficio general”, afirmó. 

En las reuniones con los alcaldes participaron también la secretaria privada de la presidencia, Ana Glenda Tager, el secretario general de planificación de la presidencia, Carlos Mendoza, el secretario de coordinación ejecutiva, Victor Hugo Godoy, y el ministro de finanzas, Jonathan Menkos. 

La ley, ahora aprobada por el Congreso, fue planteada por el propio Ejecutivo, pero en diferentes proyectos. El arrastre de los fondos se incluía en el presupuesto 2026 y el silencio administrativo en una propuesta que plantearon diputados oficialistas cercanos al mandatario. 

La propuesta fue criticada por sectores académicos, de la sociedad civil y gremiales, que argumentaban que minimizaba los procesos de transparencia para la ejecución de fondos. 

Diputados de oposición unificaron los dos planteamientos en uno solo y, después de ser aprobada, el Ejecutivo intentó vetarla, pero esperó al último día para hacerlo. Esto desencadenó que la ley entrara en vigencia y se obviara la decisión que había tomado el presidente.