La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, luego de una denuncia presentada por el diputado José Chic por adopciones ilegales. Este caso fue denunciado públicamente por relatores de las Naciones Unidas.

Según información preliminar, la acción de antejuicio contra Porras fue rechazada por mayoría. De momento, se desconocen los argumentos de la CSJ por los cuales se rechazó. 

En febrero de este año, Chic anunció que presentó una querella penal en contra de Porras por los señalamientos que se hicieron por presuntas ilegalidades cometidas en las adopciones de al menos 80 niños y niñas en los años 80, cuando la fiscal general trabajaba como tutor del hogar Elisa Martínez. 

Chic señalaba a Porras en la querella por los delitos de sustracción propia, sustracción agravada, entrega indebida de un menor, trata de personas, abuso de autoridad, trámite irregular de adopción y falsedad material e ideológica. En esa misma acción, el diputado había solicitado que se declarara el arraigo en contra de Porras. 

La denuncia presentada por Chic ocurrió dos días después de que se publicó un comunicado de relatores de las Naciones Unidas, en el que se dio a conocer de manera pública que recibieron información sobre el caso de las adopciones irregulares que vinculan a funcionarios públicos, como el caso de Porras. 

El diputado señaló que están a la espera de ser notificados de la resolución de la CSJ. 

Una investigación publicada por El Faro confirmó la participación de Porras en al menos ocho casos de adopciones irregulares en los años 80; los casos son de niños y niñas de Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Porras recientemente quedó fuera de la nómina de seis aspirantes al cargo de fiscal general, luego de que no obtuvo la suficiente cantidad de votos para buscar un tercer mandato consecutivo al frente del MP. 

Otro antejuicio rechazado 

Los magistrados de la CSJ también rechazaron una acción de antejuicio promovida por el diputado Samuel Pérez en contra de Allan Rodríguez por presuntos actos de corrupción en el Fondo Para la Vivienda (Fopavi).

La denuncia fue interpuesta en julio de 2025, donde se señaló a Rodríguez de dirigir una red de corrupción en esa institución. Pérez buscó que fuese investigado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.