Datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reflejan que actualmente hay 10 partidos políticos que están en proceso de ser conformados, algunos de estos ya han alcanzado el número mínimo de afiliados para ser constituidos.

Este es un mapa anticipado del panorama electoral en Guatemala, el cual tendrá lugar con un TSE renovado, ya que el próximo 20 de marzo de 2026 tendrán que tomar posesión los nuevos magistrados de la máxima entidad electoral, los cuales serán electos por el Congreso de la República. 

De PC a Servir 

El partido político Servir es una agrupación política que ha sido vinculada a Carlos Pineda, quien fue excluido de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2023. 

Pineda quedó fuera de la contienda electoral de 2023 junto a otras candidaturas del partido político Prosperidad Ciudadana (PC), contra el que fueron interpuestas varias acciones legales por irregularidades en sus asambleas. 

Según el TSE, el partido político Servir, que tiene como representante legal a Erwing Antonio Tobar Ralón, tiene un total de 31 mil 808 afiliados.

En 2023, el TSE estableció que el número mínimo de afiliados para la conformación de un partido político debe ser de 28 mil, esto debido al incremento que se dio en el padrón electoral en las últimas elecciones. 

De Fuerza a FG

Otra agrupación política que ya cuenta con el número de afiliados necesarios para ser un partido político es Fuerza por Guatemala (FG), que tiene como representante legal a José Mauricio Radford Hernández, quien buscó la presidencia en las elecciones de 2019 con el partido Fuerza.

La candidatura de Radford fue rechazada por el TSE al estar ligado a un proceso penal desde 2010, donde se le señala de abuso de autoridad. 

Según el TSE, el partido FG cuenta actualmente con 30 mil 266 afiliados para su conformación. 

En 2015, Radford compitió por una curul en el Congreso con el partido Fuerza, con el cual Alejandro Giammattei buscó la presidencia en ese año. 

Delia Bac está de regreso 

También ya ha sido conformado el Partido Verde Guatemalteco (PV), que tiene como secretaria general a la exdiputada Delia Bac, quien fue señalada de haber influido en la construcción de un tramo carretero en Sumpango, Sacatepéquez, con recursos del Estado. 

El proceso contra Bac surgió luego de una investigación de elPeriódico, que documentaba que la exdiputada influyó para que se construyera un camino que supuestamente beneficiaría a una aldea llamada “El Paxtal”, que en realidad no existe. El camino conducía a un spa de su propiedad. 

Shirley Rivera, la ausente 

También está el partido Nuevos Tiempos, encabezado por la diputada Shirley Rivera, con lo que marca su distanciamiento con el partido Vamos, agrupación con la que ha obtenido una curul en el Congreso en dos legislaturas.

La Alianza para el Congreso Eficiente emitió un informe que detalló que la diputada Rivera solo se ubica por detrás del diputado Esduin Javier Javier como la que más veces ha faltado a las plenarias, ya que solo había asistido al 64 por ciento de las reuniones legislativas.

Señalado en el caso La Línea 

Otra de las nuevas agrupaciones políticas ya conformadas es el partido Jaguar, que tiene como secretario general a Anthony Segura Franco, quien fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

Segura Franco fue procesado en el Caso La Línea, donde fue señalado por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo, señalamientos por los cuales fue absuelto en 2022.

En proceso de creación

La derecha y la izquierda

En la lista de grupos proformación de partido político aparece el Partido Liberal Guatemalteco la Nueva Derecha (PLG), que tiene como secretario general a Camilo Johannes Dedet Casprowitz, quien fue secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei entre 2020 y 2021. 

Según el TSE, esta agrupación por ahora únicamente tiene 678 personas afiliadas.

La agrupación Dignidad, con Gabriel Romero Pérez como secretario general, se presenta como la sucesora del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), partido que fue cancelado tras las elecciones de 2023 al no lograr los votos necesarios para sobrevivir. 

Esta agrupación postulaba a Thelma Cabrera como presidenciable y a Jordán Rodas como candidato a la vicepresidencia. Una denuncia contra el ex Procurador de los Derechos Humanos presentada días antes de su inscripción, impidió su participación en la contienda. 

Chapín, Revolución, Raíces y otros aspirantes

Otras agrupaciones que buscarán competir en el proceso electoral de 2027 son Chapín, que tiene como secretario general a Mario Alfonso López Silvestre, exaspirante a diputado por Unión Republicana, partido que respaldó candidaturas como la de Otto Pérez Leal en Mixco y la de Hérber Melgar Padilla al Congreso.

Tanto Pérez Leal como Melgar Padilla fueron denunciados en procesos de corrupción. El primero por un supuesto caso de financiamiento irregular de su campaña y el segundo por una alerta de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que reportó operaciones sospechosas a las cuentas del excongresista y exjefe de seguridad de Jimmy Morales, por Q15.8 millones 

Además, en este grupo también entra el grupo proformación Raíces, el cual surge de miembros del cancelado Movimiento Semilla, lo que ha evidenciado divisiones entre los integrantes de la agrupación con la que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia. 

También aparecen Renovación Ciudadana, grupo encabezado por Edwin Oswaldo Casprowitz Sagastume, quien ha trabajado en el Ministerio de Cultura, el MAGA y el Congreso; y Patria, liderada por Elmer Romeo Lucas Shicay, excandidato del PAN.

También figuran Revolución, dirigida por Arnoldo Francisco Pérez Pérez, técnico legislativo; XGuate, impulsada por el excandidato a diputado de Cabal, Manuel Haroldo Castillo Reyna; Transformación Nacional, con Ramón Conrado Aguilar como secretario general, exaspirante con FCN-Nación en 2015 y Prosperidad Ciudadana en 2023.

Ninguno de estos partidos políticos en formación cuenta con el número mínimo de afiliados aún. 

Los que se niegan a morir… 

El Partido de Avanzada Nacional (PAN) fue rehabilitado como organización política, pese a que en 2023 no logró el mínimo necesario de votos para continuar existiendo. 

Según el medio Con Criterio, el PAN había sido cancelado en 2024, pero la decisión fue apelada y hasta el momento esta situación no ha sido resuelta, por lo que la agrupación política sigue vigente.

Los registros del TSE señalan que el actual secretario general del PAN es Manuel Conde, quien en las elecciones de 2023 buscó la presidencia con el partido Vamos. 

De igual forma, el partido Prosperidad Ciudadana sigue sin ser cancelado y aparece como vigente en la plataforma del TSE, esto debido a que se debe correr una audiencia previo a su cancelación, luego de que su participación en las elecciones de 2023 fue rechazada por anomalías en sus asambleas.

Según los registros del TSE, hasta la fecha hay un total de 26 partidos políticos activos, los cuales entre todos suman 812 mil 262 personas afiliadas. 

Solo el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) suma 87 mil 307 afiliados, mientras que el partido Vamos tiene 41 mil 682. 

Cuestionan proliferación de partido políticos

La proliferación desmedida de partidos políticos en Guatemala no es una casualidad ni una anomalía pasajera. Según el analista político Renzo Rosal, se trata de un fenómeno previsible que responde a las fallas estructurales del sistema político, que en su forma actual estimula la creación de partidos como un mecanismo utilitario más que como instrumentos de representación ciudadana.

“La hiperfragmentación de los partidos políticos es un fenómeno esperado. El sistema de partidos, en términos normativos, es totalmente infuncional; pero, paradójicamente, resulta funcional para otros procesos adversos al país”, sostiene Rosal.

Crear un partido en Guatemala no representa un reto mayor. Para Rosal, esta facilidad ha convertido al sistema en un incentivo perverso que permite a determinados actores usar las estructuras partidarias como negocios personales o herramientas de negociación política. 

“Organizar un partido termina siendo una fórmula utilitaria. Es un tipo de incentivo negativo, pero incentivo al fin, que contribuye a esta proliferación”, explica.

Para el analista, este fenómeno no es nuevo, pero sí creciente. En 2024 hubo 30 partidos registrados y 28 candidatos presidenciales. Para las elecciones de 2027, Rosal anticipa una boleta desbordada: hasta 40 partidos y decenas de presidenciables.

“Estamos hablando de más de 25 mil candidatos a cargos de elección popular. Eso genera confusión, desinterés y desmotivación en la ciudadanía”, afirma.

Más allá de la sobrecarga informativa, el analista alerta sobre un problema de fondo: la imposibilidad real de que la ciudadanía pueda informarse adecuadamente. “

“Aunque los medios y las organizaciones hagan esfuerzos, es irreal. No hay mecanismos que permitan conocer propuestas o candidatos. Los debates son caricaturas. Estamos a años luz de tener información mínima”, lamenta.

Ante este panorama, Rosal es enfático: los cambios necesarios no se limitan a una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino que deben alcanzar el plano constitucional. 

“El TSE tiene herramientas que no usa por falta de voluntad política. Pero más allá de eso, hay que pensar en reformas de orden superior. Muchos requisitos para optar a cargos públicos son demasiado simples. Eso ya es un tema constitucional”, argumenta.

Fragilidad del modelo partidario en Guatemala 

La exdiputada Nineth Montenegro advierte que el sistema de partidos políticos en Guatemala no solo está saturado, sino que esta multiplicación, lejos de fortalecer la democracia, la debilita.

“La democracia está totalmente vinculada a los partidos políticos”, sostiene. “Sin embargo, lo que existe en el país son estructuras que funcionan más como vehículos electorales que como instituciones democráticas”, añade.

Montenegro explica que, pese a los requisitos legales —como la recolección de al menos 28 mil afiliaciones para constituir un partido—, la velocidad con que se forman nuevas agrupaciones políticas sugiere que el sistema permite una proliferación sin control ni formación ideológica. 

“Me sorprende la agilidad con que muchos partidos se han ido formando”, señala, en alusión a la permisividad institucional y la apatía ciudadana hacia las organizaciones políticas.

Uno de los puntos críticos que resalta es la ausencia de cancelaciones efectivas. Casos como el de Prosperidad Ciudadana y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) son ilustrativos: ambos no participaron en las últimas elecciones por diferentes irregularidades, pero siguen legalmente activos. 

“Eso es un riesgo”, advierte Montenegro, al señalar que estos partidos podrían incluso competir electoralmente si no se ejecutan las resoluciones de cancelación. Para ella, esto plantea un conflicto tanto jurídico como político.

El problema va más allá de lo legal. Montenegro subraya que esta multiplicidad de partidos sin identidad programática clara no solo confunde al electorado, especialmente fuera de la capital y en cabeceras departamentales, sino que también reduce la calidad de la representación.

Otro aspecto que resalta Montenegro es cómo personas señaladas en casos de corrupción o con procesos judiciales abiertos logran incorporarse en nuevas estructuras partidarias debido a la debilidad del sistema legal.

“El sistema es poroso, no tiene filtros ni límites. Mientras no haya una sentencia firme, no se puede hacer absolutamente nada”, lamenta.

A ello se suma la falta de formación política que los partidos están obligados a ofrecer por ley. Para Montenegro, la ciudadanía debería conocer el ideario y la propuesta programática de cada agrupación como parte de una actividad proselitista legítima, siempre y cuando no esté ligada a candidaturas específicas. Sin embargo, esta obligación rara vez se cumple.

“Estamos votando por personas, por rostros, no por propuestas”, concluye, agregando que el sistema partidario que no cumple su rol institucional, reproduce la fragmentación y permite la perpetuación de actores cuestionados.