En esa conversación, realizada el pasado 2 de julio, Contreras defendió la firma del nuevo pacto colectivo, justificó la contratación de su hija, negó haber participado en las negociaciones con el sindicato y explicó que la decisión de aprobar el acuerdo respondió a recomendaciones jurídicas para poner fin a un conflicto laboral que, según afirmó, durante años provocó millonarios pagos por reinstalaciones de trabajadores.

Sin embargo, mientras respondía las preguntas de los periodistas, el presidente del Congreso terminó confirmando varios de los principales hallazgos de la investigación de eP Investiga. Reconoció que Karla Contreras integra el Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), admitió que administrativamente continúa asignada a su despacho y aceptó que ser hija de un diputado «muy probablemente» influyó para conseguir un empleo dentro del Organismo Legislativo.

La investigación que originó la polémica

La investigación de eP Investiga documentó que Karla Contreras forma parte del Consejo Consultivo de Sintracor, el sindicato mayoritario del Congreso que negoció con la Junta Directiva un nuevo pacto colectivo que amplió los beneficios económicos para cientos de trabajadores.

Entre los beneficios negociados se encuentran un bono extraordinario de Q4 mil, incrementos al bono por antigüedad, mejoras al bono navideño y el aumento del valor de las canastas navideñas.

Al mismo tiempo, registros públicos del Congreso identifican a Karla Contreras como Asistente III asignada al despacho del presidente del Organismo Legislativo, quien además es su padre. La doble condición generó polémica sobre un posible conflicto de interés, debido a que una integrante de la estructura sindical participaba en una organización que negociaba beneficios laborales con una administración encabezada por su propio padre.

La hija del presidente y el sindicato

Uno de los temas que abordaron los periodistas fue la participación de Karla Contreras dentro de Sintracor, el sindicato mayoritario del Congreso que negoció el nuevo pacto colectivo con la Junta Directiva.

Contreras no negó que su hija forme parte de esa organización. Por el contrario, confirmó que integra el Consejo Consultivo del sindicato, aunque intentó establecer una diferencia entre formar parte de la estructura sindical y ejercer su dirección.

«No es líder, es miembro. Líder es una cosa y ser miembro es otra. Tumax es el líder del sindicato. Ella es del Consejo Consultivo», declaró el legislador al buscar responder a uno de los cuestionamientos planteados tras la publicación de eP Investiga.

Sin embargo, terminó confirmando el elemento central de la investigación. Karla Contreras forma parte del Consejo Consultivo de la organización sindical que negoció los nuevos beneficios económicos para los trabajadores del Congreso.

El presidente del Legislativo también defendió el derecho de su hija a pertenecer al sindicato. «Es una profesional que tiene administración de empresas, tiene un magíster en recursos humanos y tiene derecho a estar sindicalizada”, expresó. 

«Es muy probable»

En otro momento de la entrevista, la conversación avanzó hacia otro de los aspectos documentados por eP Investiga, la forma en que Karla Contreras obtuvo un empleo dentro del Congreso.

En un primer momento, Contreras sostuvo que su hija llegó a solicitar trabajo como cualquier otra persona. «Ella vino, pidió trabajo y le dieron. Es profesional, llena los requisitos de ley y tiene derecho”.

Los entrevistadores insistieron en el tema y le preguntaron si realmente creía que el hecho de ser hija de un diputado no había influido para obtener esa plaza. La respuesta cambió el rumbo de la conversación, pues el legislador declaró que «es muy probable. Eso pasa en todos lados. Usted tiene un hijo y usted lo puede ayudar a conseguir un empleo y si el hijo es profesional y tiene las cualidades para conseguir un empleo, yo no creo que sea tan dañino».

Las declaraciones del presidente del Congreso reflejan una práctica que durante años ha sido cuestionada por organizaciones de transparencia, las cuales han advertido que el acceso al empleo público debe responder a criterios de mérito e igualdad de oportunidades y no a relaciones de parentesco o influencia política.

La plaza asignada al despacho de su padre

Durante la entrevista, los periodistas citaron los registros públicos que identifican a Karla Contreras como Asistente III asignada al despacho del diputado Luis Alberto Contreras Colindres.

Inicialmente, el presidente del Congreso rechazó esa afirmación al indicar que «no está asignada a mi despacho». Ella no está en Presidencia. Ella trabaja en el Congreso y atiende personas de San Marcos».

Sin embargo, cuando la periodista leyó la denominación oficial del puesto consignada en la información pública, el presidente del Congreso modificó su respuesta y expresó que «eso es cierto. Eso no lo puedo discutir. Pero ella cumple otras funciones fuera de Presidencia. No está en Presidencia».

Con esa respuesta confirmó que, administrativamente, la plaza de su hija continúa asignada a su despacho, aunque aseguró que sus funciones se desarrollan fuera de la Presidencia del Congreso.

La defensa del pacto colectivo

Durante la conversación en Con Criterio el presidente del Congreso centró buena parte de la entrevista en justificar la decisión de la Junta Directiva de firmar el nuevo pacto colectivo.

Según explicó, el acuerdo no fue una negociación impulsada por la actual administración del Congreso, sino la etapa final de un proceso iniciado en 2017, cuando el sindicato mayoritario presentó un emplazamiento laboral contra el Organismo Legislativo.

«Yo nunca he participado en una sola discusión de un solo artículo de esto. Ahora que fui presidente fui informado de lo que las Salas de Trabajo le informaban al Congreso”, aseguró.

Contreras sostuvo que nunca asistió a las audiencias del Tribunal de Conciliación y que la recomendación de firmar el pacto provino tanto de los asesores jurídicos del Congreso como de las autoridades que conocían el conflicto laboral, entre ellas un juez laboral y representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

De acuerdo con su versión, mantener vigente el emplazamiento impedía despedir trabajadores sin autorización judicial y exponía al Congreso a millonarios pagos por reinstalaciones ordenadas por los tribunales.

«El pacto va a tener Q14 millones 806 mil. Es en el pacto económico que vamos a gastar más, pero hemos pagado más de Q80 millones en reinstalaciones a empleados”, detalló.

El presidente del Legislativo aseguró que actualmente existen alrededor de 300 procesos judiciales pendientes relacionados con despidos y que el Congreso aún deberá desembolsar aproximadamente Q42 millones para cumplir resoluciones de reinstalación.

Como ejemplo mencionó el caso de un exfuncionario que, según afirmó, trabajó únicamente siete meses y ahora reclama más de Q3 millones en salarios caídos. «Hay uno que trabajó por siete meses y ahora le tenemos que pagar Q3 millones porque nos está cobrando desde el día que se fue hasta hoy”.

Para Contreras, la firma del pacto colectivo permitió poner fin a esa situación. «Lo que logramos nosotros al firmar este pacto es que nos desemplacen”, afirmó.

Los beneficios y los «derechos adquiridos»

Durante la entrevista, el presidente del Congreso también defendió la incorporación de varios beneficios económicos al nuevo pacto colectivo. Afirmó que algunos de ellos no fueron creados por la actual Junta Directiva, sino que habían sido otorgados por administraciones anteriores y, por esa razón, consideró que ya constituían derechos adquiridos para los trabajadores.

Entre ellos mencionó el bono extraordinario de Q4 mil, el incremento al bono por antigüedad y el denominado bono del pescado. «Ya este bono venía instalado de otras juntas directivas. Igual lo iban a ganar, entonces mejor para firmar lo pusimos en el pacto”.

Con esa explicación sostuvo que la decisión de incluir esos beneficios dentro del pacto no significó la creación de nuevos privilegios, sino el reconocimiento de prestaciones que, según su criterio, ya habían sido consolidadas en administraciones anteriores.

Críticas a jueces y sindicatos

El presidente del Congreso aprovechó la entrevista para cuestionar el funcionamiento del sistema laboral y las resoluciones emitidas por algunos juzgados de Trabajo.

Afirmó que existen fallos que ordenan reinstalar empleados incluso cuando estos ocupaban cargos de confianza o plazas temporales, situación que, a su juicio, ha provocado millonarios pagos con recursos públicos. «Yo no estoy de acuerdo con el abuso de los sindicatos”, declaró.

También aseguró que buscará reunirse con la presidenta del Organismo Judicial para exponer la situación y solicitar que se revise la forma en que se resuelven este tipo de procesos.

Al concluir la entrevista, uno de los periodistas señaló que durante años el Congreso se ha convertido en una fuente de empleo para familiares de diputados. Contreras respondió que desde 2016 ya no pueden contratarse familiares de congresistas. Sin embargo, evitó explicar quién autorizó la contratación de Karla Contreras cuando él ya ejercía como diputado y tampoco respondió por qué su plaza continúa asignada administrativamente a su despacho.

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