Porras fue encarada por Andrea Villagrán y Román Castellanos, electos por Movimiento Semilla. Según los diputados, el ente investigador ha manejado Q26 mil millones, pero los resultados sobre investigaciones de corrupción y otro tipo de delitos no han sido los esperados por la ciudadanía. 

“¿Cómo explicarle a la población que vivimos en uno de los países con los mayores niveles de impunidad? No hay una sola persecución penal en contra del gobierno anterior, sobre la alfombra mágica, las vacunas, que fue el caso de mayor estafa en la historia política de nuestro país. Tuvo ocho años y ahora que le quedan ocho meses quiere finalmente atender la problemática de las maras y las pandillas”, le reclamó Villagrán a Porras. 

La discusión subió de tono luego que el presidente de la comisión, el diputado Julio Héctor Estrada, de Cabal, le dijo a la congresista que el motivo de la reunión era para discutir temas relacionados al presupuesto y no discursos de otro tipo. 

Villagrán insistió en cuestionar a Porras y señaló a la fiscal de desestimar la mayoría de las denuncias por corrupción que se han presentado en el 2024 y 2025.  Otra interrogante fue relacionada con las pandillas y estructuras criminales que, según la diputada, financian partidos políticos. 

“Se ha dedicado a criminalizar estudiantes, autoridades indígenas y a quienes han defendido la democracia en nuestro país.  El pueblo no va a olvidar a los exiliados y a los presos políticos que usted se ha dedicado a perseguir y a torturar por defender la justicia”, recriminó la diputada mientras sostenía una fotografía de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

La fiscal general no respondió a las interrogantes de la diputada; al contrario, la acusó de faltarle al respeto y de tener desconocimiento de los procedimientos que realiza el MP y el sistema de justicia del país. 

“Lamento mucho, señora, que realmente le falte mucha educación, porque uno se dirige a las personas con respeto. Para poder uno asumir un criterio de valor, en primer lugar tiene que conocer el qué hacer, y creo yo que en su vida usted ha tenido el privilegio de litigar, menos de investigar y de conocer las interioridades de una institución tan seria como el MP”, respondió Porras. 

Consuelo Porras evita hablar sobre su salario

Cuando fue el turno del diputado Román Castellanos, las interrogantes se basaron en la eficacia que ha tenido el MP versus el presupuesto que se ha asignado a la institución. El parlamentario expuso que en 2018 el programa de protección a testigos tenía una asignación de Q291 millones y para 2025 ese mismo cuenta con Q496 millones.  

Castellanos cuestionó a Porras también sobre sus honorarios.

“Como estamos hablando del presupuesto y de las instituciones que vienen acá, necesitamos saber cómo se gasta el presupuesto del Estado, que es dinero del pueblo de Guatemala. Entonces, una última pregunta, ¿cuál es su salario? ¿Cuánto gana usted como fiscal del MP?”, interrogó el diputado. 

“Le voy a decir que gano menos que usted”, respondió Porras. 

“¿Pero cuánto gana como fiscal? ¿Cuál es el salario suyo, fiscal?”, insistió Castellanos.

“Hay una protección expresa en ley que no me permite decirlo, pero usted perfectamente puede accesar por los medios correspondientes, diputado”, respondió Porras sin dar detalles del monto de su salario. 

Antes de la administración de Porras, el MP publicaba de oficio las nóminas salariales del personal que trabaja en la institución. Esto en cumplimiento del artículo 10, inciso 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, ahora no se tiene acceso a esa información. Notas periodísticas de Agencia Ocote y Vox Populi detallan que el MP se excusa de compartir el salario de la fiscal general debido a que pone en riesgo la seguridad nacional. 

Otra de las preguntas se basó en el aumento que han tenido los costos de los casos de investigación, pero que, en paralelo, sus resultados en sentencias condenatorias son menores. 

Porras argumentó que todos los gastos del MP han sido fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. 

“Resulta ser que en el 2018 dejaron una mora de 1 millón 266 mil casos. De lo político que se trabajó, tenía como indicador fundamental simple y sencillamente acusar a todos por parejo, a los enemigos del sistema. Hoy por hoy, nos estamos dando cuenta de la realidad en tribunales por cómo están resolviendo los jueces; no estaban sustentados los casos, era verdaderamente un atropello legal”, justificó la fiscal.