El pasado 15 de octubre, los parlamentarios aprobaron la iniciativa 5692, propuesta por el expresidente Alejandro Giammattei para declarar a las pandillas como grupos terroristas. Sin embargo, en el decreto agregaron una serie de enmiendas y un fondo de revisión que presentó un grupo de diputados a último minuto para mejorar la redacción de la normativa. 

El diputado Elmer Palencia, de Valor, refirió que con el fondo de revisión se aclara que únicamente un juez podrá inhabilitar las cuentas bancarias de personas vinculadas al proceso penal por el delito de extorsión. 

“No es un banco, no es una financiera, es un juez. Por eso es importante no dejarse llevar solamente por las narrativas”, afirmó el parlamentario.

En total, 145 diputados votaron a favor del fondo de revisión y del proyecto de decreto. A diferencia de sesiones anteriores, esta vez no hubo mayor discusión de los parlamentarios. 

La norma regula las consecuencias jurídicas, procesales, operativas y financieras en contra de las pandillas. El artículo 2 indica que se entenderá como maras o pandillas a “los grupos organizados que cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia”. En el caso del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, la normativa declara a sus integrantes específicamente como terroristas. 

Para evitar la discrecionalidad sobre quiénes son integrantes de pandillas, el Ministerio Público (MP) deberá realizar requerimientos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para designar a los grupos que pudiesen surgir.

Entre las reformas al Código Penal se endurecen las penas hacia quien capte, reclute, agrupe, organice o intimide de cualquier forma a los menores de edad para participar en la comisión de delitos. La persona que se encuentre responsable enfrentará penas de 14 a 18 años de prisión y tendrá multa que podría llegar hasta los Q300 mil. 

También se incluye una reforma para que el Ministerio de Gobernación (Mingob) adquiera equipo para ser utilizado en métodos especiales de investigación. Estas compras serán en armamento, vehículos y equipo de comunicación hasta por un monto de Q200 millones.

Así mismo, se avala la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad; los diputados reformaron para que sea el Ministerio de Finanzas Públicas el ente que decida el monto que se requiere para la creación del nuevo centro de privación de libertad. 

Arévalo respalda el actuar de los diputados

En su cuenta oficial de X, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el decreto aprobado en el pleno. El mandatario afirmó que la ley brindará herramientas a las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia organizada y maras.

Hace algunas semanas, el Ejecutivo también presentó dos iniciativas de ley al Congreso relacionadas con el combate de las pandillas. Estas fueron desarrolladas por el aún ministro, Francisco Jiménez, y la exviceministra, Claudia Palencia.