Según la resolución de la CC, se deja en suspenso la frase “gozará del derecho de antejuicio en la misma forma” contenidas en los artículos 11, 12, 14 y 14 Ter de la Ley de Organismo Ejecutivo. 

El artículo 11 se refiere al cargo de secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –ejercido actualmente por Víctor Hugo Godoy Morales–, mientras que al artículo 12 se refiere al cargo de secretario de Comunicación Social de la Presidencia –cuyo cargo era anteriormente ejercido por Santiago Palomo, quien fue nombrado embajador de El Vaticano y en su lugar fue nombrada Karina García Ruano–. 

El artículo 14 se refiere al cargo de secretario de Planificación y Programación de la Presidencia –ejercido por Carlos Mendoza Alvarado– y el artículo 14 Ter al secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia –ejercido por Juan Francisco Lou Fernández–.

De esta forma, los únicos secretario de la Presidencia que quedan con derecho de antejuicio son el secretario general de la Presidencia –cargo ejercido por Juan Guerrero Garnica–, el secretario Privado de la Presidencia –ejercido por Ana Glenda Tager– y el secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia –ocupado por Hugo Allan García–. 

Dichas disposiciones establecidas en la Ley del Organismo Ejecutivo se mantenían vigentes desde el 12 de diciembre de 1997, mediante el Decreto 114-97 del Congreso. 

La resolución fue emitida luego de una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial, presentada por el exdiputado Fernando Linares Beltranena. 

La CC se integró con los magistrados Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Pérez, Nester Vásquez, Walter Jiménez y Luis Rosales, quienes por unanimidad decretaron la suspensión de las frases. 

Además, la CC concedió audiencia por 15 días al presidente Bernardo Arévalo, al Congreso de la República y también al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. 

Esto ocurre cuando en el Congreso se ha discutido reformar la Ley del Organismo Ejecutivo, con lo que se busca crear una secretaría de probidad. Esta medida fue criticada por algunos diputados, quienes han señalado inconstitucionalidades. 

De momento, el Ejecutivo no ha emitido ninguna postura respecto a la resolución de la CC que dejó sin inmunidad a varios secretarios de la Presidencia.