En un comunicado, la Cancillería colombiana recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala declaró la validez de los comicios mediante el Acuerdo 1659-2023, certificando la elección del binomio presidencial.
En ese contexto, el gobierno de Gustavo Petro hizo un llamado a las autoridades judiciales guatemaltecas a no emitir resoluciones que desconozcan o alteren los resultados electorales “ya certificados y legalizados por las máximas instancias electorales”.
Colombia subrayó la importancia de respetar el Estado de Derecho y la autonomía de las instituciones electorales, así como de garantizar los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
“La preservación de la democracia exige el acatamiento irrestricto a la soberanía popular expresada en las urnas”, señala el pronunciamiento.
El comunicado insta a los actores políticos e institucionales de Guatemala a actuar con “decisión y responsabilidad” para proteger la institucionalidad y mantener el diálogo como vía para resolver la crisis.
Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso de trabajar junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros socios internacionales para el fortalecimiento de la democracia en la región, indicando que continuará dando seguimiento a los acontecimientos en Guatemala.
El pasado 27 de octubre la Cancillería de Costa Rica también se pronunció sobre la situación en Guatemala y aseguraron que “ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado”.
Además, el gobierno costarricense señaló que es aceptable que grupos de interés y antidemocráticos instrumentalicen a la institucionalidad y a tribunales de justicia («law fare») para mancillar la democracia”.
