Casa Icatú se planteó como un macroproyecto residencial y condominio exclusivo para la construcción de más de 180 viviendas que fueron vendidas en 2023, pero que la comuna antigüeña autorizó hasta 2024, según una publicación de Plaza Pública. Este se desarrollaba en la aldea San Cristóbal El Bajo, en Antigua Guatemala, y avanzó pese a la oposición de los vecinos.
En marzo de este año y luego de varios meses de análisis, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió cancelar en definitiva la licencia ambiental del proyecto Casa Icatú, debido a incumplimientos ambientales. Se determinó que no cumplían con desarrollar medidas de mitigación ambiental, además de estar sujetos a requerimientos ambientales.
Lo anterior ocurrió luego de que en 2025 el MARN había suspendido temporalmente la licencia del proyecto, mientras se estaban analizando los incumplimientos en los que se había incurrido en el desarrollo del mismo.
Según el informe del MARN, el proyecto no contaba con alguna resolución emitida por el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG) para construir la garita, el polideportivo y la casa club.
A pesar de la suspensión temporal, Plaza Pública documentó que el proyecto continuó su construcción y que la desarrolladora pagó una multa de Q312 mil por el incumplimiento de las disposiciones del MARN. Pese a esta suspensión que se dio en 2025, la Municipalidad de Antigua Guatemala no canceló las licencias de construcción del proyecto.
Según una publicación de Agencia Ocote, en 2025 la Municipalidad aprobó una suspensión temporal de las obras vinculadas al proyecto, pero posteriormente esa fue levantada y el proyecto continuó.
eP Investiga se comunicó con el jefe edil de la Antigua Guatemala para solicitarle una postura por el antejuicio en su contra y sobre si el proyecto Casa Icatú continúa en desarrollo, pero hasta el momento no ha dado una respuesta.
Oposición al proyecto
La oposición de los vecinos de San Cristóbal El Bajo y San Cristóbal El Alto comenzó a hacerse más evidente en 2024, cuando los comunitarios cuestionaron que el proyecto avanzara pese a que, según ellos, todavía no contaba con todas las autorizaciones necesarias.
Los residentes señalaron la intervención de una montaña, la tala de árboles y modificaciones en un zanjón que, durante la época lluviosa, canaliza de forma natural el exceso de agua. Los vecinos presentaron solicitudes ante distintas instituciones, entre ellas el MP, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el MARN, el Congreso y, posteriormente, la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los reclamos también derivaron en denuncias contra algunos de los comunitarios que cuestionaron el proyecto, pues en octubre de 2024 autoridades comunitarias de San Cristóbal El Bajo interrumpieron una reunión del Concejo Municipal en la que se pretendía conocer la aprobación de Casa Icatú. Posteriormente, ocho vecinos fueron denunciados ante el MP por el delito de tráfico de influencias, según Plaza Pública.
Entre 2025 y 2026, más de 10 vecinos de San Cristóbal El Bajo y El Alto fueron denunciados por representantes de Casa Icatú por distintos delitos. Entre ellos se encuentra Suzanne Brichaux, quien fue enviada a juicio por allanamiento con agravación específica luego de que la empresa la señalara de haber ingresado sin autorización a las instalaciones del proyecto.
El antejuicio contra Asturias
La semana pasada, la Fiscalía contra la Corrupción del MP presentó una solicitud de antejuicio en contra de Asturias. El ente investigador dijo que la acción legal estaba relacionada con posibles irregularidades en el otorgamiento de una licencia municipal, luego de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Un día después, la CGC dio detalles del caso y aseguró que la denuncia se presentó en 2025 por irregularidades en el manejo de Q8 millones que la municipalidad devolvió a la empresa Inversiones y Estrategias de Mercadeo, S.A., pese a que la legislación no contempla este tipo de pagos compensatorios.
El origen de la devolución de ese monto se estableció luego de que la empresa pagó Q17 millones 916 mil 137.84 a la Municipalidad de Antigua Guatemala en concepto de una licencia municipal; posteriormente, la comuna emitió un cheque de Q8 millones a favor de la misma empresa.
Además, se detalló que ese desembolso sería utilizado por la empresa para adquirir y entregar a la municipalidad, a título gratuito, 12 vehículos tipo pick up de doble cabina, tres camionetas de doble tracción, 38 motocicletas, dos vehículos utilitarios y un camión de carga ligera con capacidad de hasta tres toneladas.
En el informe de auditoría de la CGC sobre el ejercicio fiscal 2024, detalla que la licencia otorgada por la Municipalidad de Antigua Guatemala para el cambio de uso de suelo del proyecto Casa Icatú. La Contraloría indicó que el desembolso fue registrado como un gasto recurrente variable, a pesar de que no existía un sustento legal para hacerlo.
