En videos que circulan en las redes sociales, se observa a Juracán cuando era trasladado por los pasillos del aeropuerto, esposado y custodiado por dos agentes policiales. Detrás de él, otros cuatro policías más que lo acompañaron al exterior del lugar y así trasladarlo a tribunales.

“El propio Estado está criminalizando a los mejores hijos de Guatemala por denunciar graves violaciones a derechos humanos como el caso cometido por el expresidente Otto Pérez Molina, Baldetti y funcionarios actuales que siguen gobernando el país”, dijo Juracán mientras lo movilizaban. 

Juracán se dirigía a una conferencia en Sudáfrica y por eso se encontraba en el aeropuerto. 

Según la información preliminar que hay sobre el caso, el exdiputado del partido Convergencia es señalado del delito de usurpación agravada e incendios forestales y la orden fue girada por un Juzgado B de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal. 

Al llegar a tribunales se dirigió a la prensa indicando que este es un caso de criminalización por las denuncias que ha realizado. Hasta una hora después de su captura le indicaron las causas de su detención. 

Juracán aseguró que estas acusaciones en su contra son falsas porque él se dedica a defender el territorio de los pueblos indígenas. “Es criminalización porque están incómodos y porque hemos tenido la capacidad de argumentar con bases legales que nuestra lucha es legítima. Quienes hemos sido despojados somos los pueblos indígenas y campesinos”, agregó.

Se consultó al Ministerio Público sobre los señalamientos hacia el exdiputado, pero hasta el cierre de esta nota no han dado respuesta. 

Juracán recientemente se pronunció en conferencia de prensa junto a integrantes de pueblos indígenas rechazando las capturas de Héctor Chaclán y Luis Pacheco, exintegrantes de 48 Cantones de Totonicapán. 

Actualmente, es dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). En marzo de 2009, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó la intervención urgente del Estado guatemalteco por amenazas que recibió. A estos hechos también los precedió un atentado en su contra en Sololá, luego de asistir a reuniones en Europa para denunciar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.