El ministro afirmó que se ha tenido una respuesta favorable y de apoyo de países miembros, por lo que esperaría que la reunión se desarrolle el próximo 30 o 31 de octubre.

“El objetivo principal es compartir con los estados miembros de la OEA los últimos acontecimientos que atentan contra la vida democrática del país e iniciar con ello una discusión para ver si pasamos a siguientes etapas que contiene la carta”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores. 

Situación política en manos de la CC 

La Corte de Constitucionalidad (CC) había dado un plazo de 12 horas al Organismo Ejecutivo y al Congreso para que entregaran un informe sobre el respeto de los resultados electorales. Los documentos ya fueron entregados al máximo tribunal y serán analizados para emitir una resolución a acciones promovidas por la diputada Andrea Reyes y los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que en 2023, la CC emitió un fallo sobre el respeto de los resultados electorales en el que ordenó que se garantizara la transición del mando del gobierno de Alejandro Giammattei hacia el de Bernardo Arévalo.

La duda sobre la sentencia surge luego de que la semana pasada el juez Fredy Orellana le ordenara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declare nulo al comité proformación del partido Movimiento Semilla, también cancelado por orden del mismo juez. Según el Ejecutivo, con la petición el juzgador busca fraguar un golpe de Estado para dejar sin efecto la adjudicación del presidente Arévalo, la vicepresidenta, Karin Herrera, 23 diputados y un alcalde, quienes fueron electos en los comicios de 2023. 

El 26 de octubre, el presidente Arévalo declaró en cadena nacional a Fredy Orellana y a la fiscal Consuelo Porras, como enemigos de Guatemala y los señaló de intentar orquestar un golpe de Estado. 

“El llamado es a cerrar filas, ayer vimos una manifestación de unidad en el mensaje que mandó el presidente y esa manifestación de unidad tiene que trasladarse a la población guatemalteca porque este es un esfuerzo colectivo”, aseguró Palomo. 

Agregó que el equipo legal del organismo analiza posibles acciones legales, pero no especificó cuáles.