En el comunicado, la Asamblea se refirió al registro corporal practicado a la presidenta de la Junta Directiva del CANG, Patricia Gámez, así como a la exigencia de entrega de su teléfono celular personal. Según el pronunciamiento, la diligencia se realizó de forma pública y en el contexto del desarrollo de la jornada electoral interna.

La Asamblea reconoció que el MP tiene atribuciones constitucionales para dirigir la investigación de delitos y promover la persecución penal. No obstante, señaló que estas facultades deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República y el bloque de legalidad vigente.

“El principio de dignidad humana, reconocido como fundamento del orden constitucional, impone a toda autoridad la obligación de actuar con respeto, mesura y proporcionalidad”, indicaron en el pronunciamiento.

De igual forma, indicaron que acciones de ese tipo deben estar debidamente fundamentadas, motivadas y ejecutadas con un estricto apego al debido proceso, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad y privacidad. 

“La práctica de un registro corporal de carácter público a una autoridad gremial, en el ejercicio de sus funciones institucionales y dentro de un centro de votación, trasciende el ámbito puramente investigativo y genera un impacto institucional que no puede ser ignorado”, dijeron. 

En ese sentido, dijeron que las acciones que las autoridades realicen deben hacerse evitando situaciones de intimidación, coacción o interferencia en un proceso democrático.

Cuestionan actuar del MP

En un segundo apartado, el pronunciamiento abordó la autonomía de los colegios profesionales, reconocida en la Constitución como corporaciones de derecho público con facultad para elegir libremente a sus autoridades y organizar sus procesos internos. 

Señaló que cualquier diligencia practicada durante un proceso electoral gremial debe garantizar la libre expresión del sufragio, la integridad del material electoral y la confianza en la transparencia del proceso.

La Asamblea afirmó que los colegios profesionales no están por encima de la ley, pero que las actuaciones estatales deben respetar los límites constitucionales del poder público. 

Finalmente, se solicitó que futuras diligencias se realicen con apego a la dignidad humana, el debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la autonomía gremial reconocida por la Constitución.