El aumento del salario mínimo suele presentarse como una maniobra rápida para mejorar ingresos. La intuición es seductora: fijar por ley un umbral más alto y esperar que el bienestar aparezca. Sin embargo, en economías con alta informalidad y con tecnologías que sustituyen tareas a una velocidad inédita, elevar el mínimo por decreto o por razones políticas, sin relación con la productividad, actúa como un impuesto al empleo: excluye a los trabajadores de menor productividad hoy y acelera su reemplazo mañana. La experiencia reciente es clara: cuando la regulación ignora el costo la relación entre salario y productividad, el ajuste no ocurre vía eficiencia sino vía expulsión del empleo o informalidad.

Las comparaciones internacionales ayudan a ordenar la discusión. Economías que alcanzaron saltos sostenidos de productividad —Corea, Taiwán o Alemania— pueden absorber aumentos salariales sin destruir empleo porque producen más por hora trabajada. Cuando el salario se fija sin relación alguna a la productividad, el mensaje que envía es inequívoco: prescindir de los servicios de los trabajadores menos productivos; sustituir trabajadores por máquinas donde el tipo de procesos y tecnología lo permitan; o buscar refugio en la informalidad. La estrategia que funciona en países que ya hicieron su tarea de capital humano y sofisticación productiva no se puede importar por decreto donde la brecha de productividad es amplia. El resultado previsible es una mezcla de sustitución tecnológica, salida de empresas pequeñas y congelamiento de nuevas contrataciones.

A esto se suma la realidad interna: la informalidad masiva. Allí donde la mayoría de ocupados ya se ubica fuera del marco formal y una proporción importante ni siquiera alcanza el mínimo vigente, elevarlo por motivos políticos no corrige la pobreza; amplía la distancia entre ley y realidad y promueve la frustración entre quienes buscan empleo y no lo encuentran al salario mínimo vigente. La consecuencia es más trabajadores atrapados en la zona gris del autoempleo de subsistencia, menos incentivos a formalizar y un ecosistema empresarial que aprende a sobrevivir lejos de las instituciones.

El problema es institucional, además de económico. La fijación del mínimo debería descansar en criterios técnicos y en el diálogo social tripartito, como establecen los estándares internacionales razonables. Cuando ese proceso se sustituye por decisiones unilaterales o por la lógica del calendario político, el mensaje que recibe la inversión es de incertidumbre regulatoria. La consecuencia no es abstracta: ante reglas volátiles, la opción prudente es posponer decisiones de contratación, acelerar la automatización disponible o reubicar operaciones donde las reglas sean predecibles.

El marco laboral arrastra, además, una rigidez que pertenece a otra época. La economía digital, la robotización y la inteligencia artificial no se ajustan a moldes diseñados para la fábrica de mediados del siglo XX. Pretender regular el empleo del futuro con herramientas pensadas para la antigüedad industrial equivale a colocar una camisa de fuerza a la adaptación. En ese contexto, subir el salario mínimo por decreto no moderniza, añade lastre al proceso de adaptación ante los masivos cambios tecnológicos que sacuden al mundo. Cuando las regulaciones laborales no facilitan el tránsito hacia nuevas formas de producir, los ajustes ocurren fuera de él: menos empleo formal, más informalidad, más sustitución de tareas rutinarias y menos incentivos para invertir en capacitación.

La alternativa es menos ruidosa, pero más eficaz. Un esquema creíble de revisión del mínimo debería atarlo explícitamente a la productividad y a la situación del  empleo en un momento y sector determinado, así como acompañarse de políticas que empujen la productividad hacia arriba: mayores niveles de inversión en actividades que requieran el uso intensivo de mano de obra, formación técnica pertinente, adopción de tecnologías y reducción de costos de transacción. En otras palabras, reformar las instituciones laborales para que permitan arreglos modernos, sin precarizar al trabajador pero sin bloquear la adaptación. El objetivo no es negar la posibilidad de los aumentos al salario; es blindarlos con productividad para que no expulsen a quienes más necesitan entrar al mercado formal.

Insistir en atajos normativos puede ofrecer un alivio retórico de corto plazo, pero deja un costo alto: salida de la formalidad de empresas pequeñas y medianas sin márgenes de maniobra, decisiones de inversión congeladas y una puerta más estrecha para los jóvenes que buscan su primer empleo. El salario mínimo, usado como instrumento político, se convierte en un precio administrado que distorsiona señales, desplaza el empleo donde la productividad no alcanza y deja una factura de mediano plazo en forma de automatización acelerada e informalidad. El camino responsable es más difícil: elevar productividad para sostener salarios más altos, y alinear reglas laborales con el mundo que viene, no con el que ya pasó. Cuando se hace lo segundo sin lo primero, el discurso promete dignidad y el resultado es menos empleo hoy… y todavía menos mañana.