Además, en el pleno se aprobó el Decreto 8-2026, con el cual se integra la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC). Se solicitó a la junta directiva que convoque a la juramentación.
Nuevamente, una tacha presentada en el proceso de selección de un nuevo fiscal general para el Ministerio Público (MP) cuestiona la legitimidad del doctorado ostentado por Porras.
Más de 800 mil personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito en el último año en Guatemala, de acuerdo con cifras de hospitales nacionales y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que organizaciones sociales señalan que muchas de estas víctimas no cuentan con protección económica para enfrentar las consecuencias de estos hechos.
La Corte de Constitucionalidad (CC) quedó integrada el pasado miércoles, luego de que el presidente Bernardo Arévalo designara a Gladys Anabella Morfin Mansilla como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá Tujal como suplente. Sin embargo, en un país como Guatemala, donde los lobbys y las llamadas de última hora pueden cambiar el rumbo de la navegación…
La acción responde a la denuncia de interferencia interpuesta por la magistrada Lemus ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La elección forzada de Molina Barreto en laNovena para estar, por cuarta vez, en la Corte de Constitucionalidad costó 2.7 millones de dólares que se pagaron en Washington contratando a un tal Steve Bobo, lobista improvisado, pero, eso sí, esposo de Vivian, la asistente de toda la vida del señor rubio de cabello negro. Los…
Uso del trabajo forzoso otorga ventaja a productores extranjeros frente a empresas estadounidenses, señaló Jamieson Greer, representante de comercio de los Estados Unidos.
Integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general del MP rechazaron 28 de los 33 señalamientos presentados contra la fiscal Consuelo Porras.
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que el Ministerio Público (MP) debe realizar una investigación por la suspensión de clases que se registró el año pasado.
Un estudio elaborado por organizaciones de derechos humanos documenta la utilización del sistema penal guatemalteco, bajo la dirección de la fiscal Consuelo Porras, para resolver disputas agrarias a favor de intereses privados.
