El 12 de marzo, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos inició una investigación comercial contra 60 naciones, para determinar si han implementado medidas efectivas contra la importación de productos elaborados con labor forzada.
Esta acción se ejecuta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual faculta a Estados Unidos para investigar y aplicar sanciones a sus países socios si estos incurren en prácticas »injustificables, irracionales, o discriminatorias» que perjudiquen el comercio estadounidense.
Las economías latinoamericanas que están bajo la mira de la administración de Donald Trump son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. La lista también incluye a China, la Unión Europea, India, Israel, Arabia Saudita, el Reino Unido, e Israel.
‘’Las investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado suficientes medidas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso’’, expresó el representante Greer. Indicó que el fracaso para erradicar estas prácticas impacta negativamente a los trabajadores y negocios de Estados Unidos., quienes ‘’han sido obligados a competir contra productores extranjeros que podrían tener una ventaja artificial obtenida mediante el flagelo del trabajo forzoso.’’
