Foto: Segeplan
La medida fue promovida por Mendoza, luego de declaraciones públicas del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, quien insinuó que Segeplan estaría incurriendo en “obstaculización a la acción penal” por no haber subsanado un requerimiento procesal en el expediente del caso conocido como “Red Q”.
“Lo insinuado por el fiscal Curruchiche hace referencia a un tipo penal sancionado con pena de prisión”, se lee en la querella presentada, donde advierte que esa acusación convierte a Segeplan, quien fue denunciante en este caso, en una potencial sindicada.
El caso Red Q y las denuncias contra exfuncionarios del gobierno
El origen del caso se remonta al 5 de noviembre de 2024, cuando Segeplan y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) presentaron denuncias contra varios exfuncionarios, entre ellos el expresidente Alejandro Giammattei, la exsecretaria Keila Gramajo y el excoordinador Melvin Quijivix, por presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado, fraude, entre otros.
Desde entonces, Segeplan asegura que el MP no ha emitido ningún requerimiento relacionado con la denuncia que ellos presentaron, a pesar de que el expediente fue abierto de oficio con el número MP001-2024-58948. El 20 de febrero de 2025, una jueza ordenó al MP continuar la investigación contra los exfuncionarios que no gozan de antejuicio.
“Allanamientos sin justificación legal”
En conferencia de prensa el 3 de julio, Curruchiche sugirió que Segeplan podría haber incurrido en un delito por no haber subsanado un “previo” procesal. También insinuó la posibilidad de realizar allanamientos en las instalaciones de la Secretaría, afirmando que el personal de la institución “filmó a los fiscales” y considera que evidenciaba “falta de colaboración”.
“Segeplan es parte denunciante en el caso Red Q… No se ha recibido ningún requerimiento ni avance sustantivo en la investigación. A pesar de esta inacción, el fiscal Curruchiche ha sugerido que podríamos estar cometiendo el delito de obstaculización, insinuando incluso represalias como allanamiento sin justificación legal”, dijo a los medios de comunicación al momento de presentar el amparo.
En esa misma conferencia, Curruchiche excusó además que la solicitud de retiro de antejuicio contra Giammattei no ha sido presentada por el MP, ya que, según sus palabras, existe ya una acción planteada por Segeplan que debería ser completada.
¿Qué solicita el amparo presentado por Segeplan a la Corte?
- Suspender cualquier acto que amenace a la Secretaría, incluidos allanamientos sin justificación legal.
- Ordenar al MP apegarse al artículo 193 del Código Procesal Penal que exige consentimiento previo y expreso para realizar diligencias en oficinas públicas.
- Exigir el cumplimiento de la resolución judicial del 20 de febrero que instruye investigar a Gramajo y Quijivix.
- Garantizar los derechos constitucionales de la institución y de sus trabajadores.
“No se puede criminalizar a una institución que denunció la corrupción (…) Cooperamos plenamente con cualquier investigación legítima y legal, pero rechazamos los abusos de poder que buscan intimidar o deslegitimar la labor que realiza la institución”, puntualizó Mendoza.
El pasado 11 de julio, Quijivix fue ligado a proceso penal por el Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia Penal, por el delito de lavado de dinero, pero fue beneficiado con arresto domiciliario, por lo que no guardará prisión preventiva.
