_{Foto: Carlos Alonzo}

De acuerdo con información obtenida por eP Investiga a través de una fuente de alto nivel dentro de la PNC y que prefirió mantener el anonimato por seguridad, la elección de este tipo de vehículo y la modalidad del traslado respondieron a un “protocolo especial” aplicado en casos de impacto social o que involucren a criminales de alto perfil en zonas con control territorial. 

La fuente explicó que existía temor de que ciudadanos simpatizantes o integrantes de organizaciones indígenas como los 48 Cantones pudieran interferir en la captura o incluso procurar la liberación de Pacheco durante su traslado a la Torre de Tribunales.

“La reacción de los 48 Cantones era un factor que no podíamos subestimar. Sabemos que tienen una alta capacidad de convocatoria y que Pacheco es un líder con mucha visibilidad. No podíamos correr el riesgo de que se generara una situación que pusiera en peligro la diligencia”, declaró la fuente.

Según relató el mando policial, este temor no es infundado. En un caso reciente ocurrido en Jutiapa, del cual prefirió no brindar detalles específicos, una captura fue frustrada por intervención de ciudadanos locales, lo que obligó a un procedimiento posterior en condiciones aún más complejas. 

Este tipo de situaciones, además de poner en riesgo la integridad de los agentes, acarrea sanciones administrativas o penales para los policías responsables. Entre las más comunes se encuentran suspensiones laborales de hasta 21 días hábiles sin goce de salario.

La elección del vehículo, una panel blanca marca Changán, también ha sido objeto de controversia en redes sociales. Usuarios han especulado sobre posibles simbolismos relacionados con prácticas de desaparición forzada ocurridas en el pasado. 

La fuente de la PNC explicó que no se tomó en cuenta alguna connotación simbólica de esta naturaleza y fue una decisión logística. 

Según información publicada por el periodista Ferdy Montepeque en X, el vehículo pertenece a la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), la cual tiene la facultad de usar distintos tipos de transporte para preservar la seguridad de las diligencias. Dicho vehículo tiene una deuda de Q3 mil 200 quetzales en multas de tránsito.

Este tipo de procedimientos no es nuevo. La fuente recordó que el 15 de diciembre de 2023, el estudiante y activista Sergio Morataya, quien fue detenido por la toma del Paraninfo Universitario, fue retirado del edificio por la parte trasera y también trasladado en un vehículo particular sin placas de la PNC, lejos del ojo público y de los medios de comunicación. 

Morataya, consultado al respecto, confirmó a este medio que ese fue el procedimiento aplicado en su caso. La PNC usó un vehículo tipo pickup, blanco y sin placas, para llevarlo a Tribunales.

En el caso de Pacheco, periodistas presentes confirmaron que fue retirado del lugar de la captura por una salida lateral, donde no había cobertura mediática y, posteriormente, fue conducido a bordo del vehículo sin rotulación oficial hacia tribunales.

Otro antecedente similar citado por la fuente policial fue el caso del exfutbolista Marco Pappa, quien también fue movilizado en un vehículo no oficial durante su detención, debido a que las autoridades temían una posible reacción adversa por parte de simpatizantes.

”En aquel momento se evaluó que el nivel de apoyo de aficionados que podía tener Pappa representaba un riesgo operativo”, explicó el mando policial. Este procedimiento forma parte de un protocolo que la PNC aplica cuando se trata de figuras públicas o casos con alta visibilidad social a nivel nacional o local.

Ayer, al ser consultados por este medio, voceros del Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación y la propia PNC declinaron ofrecer una versión oficial del procedimiento. 

No obstante, David Boteo, jefe policial, reconoció públicamente que el MP no notificó con la debida antelación la orden de captura.

En 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala en el caso Paniagua Morales y otros, conocido como el “de la panel blanca”, por la detención arbitraria, tortura y asesinato de 11 personas durante 1987 y 1988. Estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales que empleaban precisamente paneles blancas como parte de su modus operandi.

En su sentencia, la Corte determinó que estas violaciones formaron parte de un patrón sistemático de represión ejecutado con vehículos sin identificación oficial, lo cual generó un fuerte impacto en la memoria colectiva guatemalteca.