La resolución favorece a Jorge Hidalgo Calderón, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Multidisciplinario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Sintraigss) en contra de la junta directiva. 

Además de ordenar que se beneficie con procesos de adquisición a un proveedor específico, también pide garantizar que los procesos de adquisición de medicamentos se realicen bajo los principios de libre competencia, calidad, seguridad y eficacia. 

“Se ordena a la autoridad denunciada suspender toda práctica de adquisición directa, exclusiva o preferencial que beneficie únicamente a una marca o proveedor específico, como lo ha venido realizando en las marcas comerciales PLAVIX (clopidogrel 75 mg) y APROVEL (irbesartán 150 mg)”, dice la resolución judicial. 

El 13 de enero de 2025, eP Investiga publicó una investigación que identificó a los grandes proveedores del Estado guatemalteco. Dentro de estos figura la farmacéutica Lanquetín, la cual facturó Q726 millones 256 mil. 

Otra investigación de eP Investiga identificó que el IGSS seguía comprando a empresas vinculadas a Miguel Martínez y Alejandro Giammattei. Dentro de estas resalta Lanquetín, con 490 concursos adjudicados y un costo de Q37 millones 725 mil 200. 

El diario La Hora informó en julio de 2024 que la adjudicación de la compra de los medicamentos Aprovel y Plavix en el IGSS sería asignada a Lanquetín, situación que venía ocurriendo desde 2023. 

Ese año, el Seguro Social adjudicó la compra de más de 32 millones de tabletas por un costo de Q244 millones. En 2024, esta farmacéutica fue la única que participó en el concurso que duró 30 minutos para una compra de Q92. 1 millón. 

Para 2025 también ya se adjudicó la compra a Lanquetín. Según el portal Guatecompras, para el medicamento Aprovel es un costo de Q41 millones 466 mil 274. 20 para todo el año. Para Plavix es de Q15 millones, 915 mil 215. 16. 

La orden judicial da un plazo de cinco días para que la entidad impugnada gire las instrucciones a las dependencias administrativas responsables de las adquisiciones. 

La Botica recupera posibilidad de funcionar 

En mayo reciente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ordenó el cierre temporal de la farmacia y droguería La Botica, S.A., una empresa investigada por la Fiscalía contra Lavado de Dinero, luego de que se determinó que incurrieron en transacciones sospechosas y se les señala de sobrevalorar medicamentos durante la pandemia y de estar vinculada a Miguel Martínez.

Este 1 de agosto, el medio La Hora informó que, mediante un documento al que tuvieron acceso, el IGSS circuló que esta medida fue levantada, lo que le posibilita funcionar. El contenido de la notificación indica que la notificación a la farmacéutica fue desde el 25 de julio. 

“Se considera procedente que las unidades médicas reanuden la recepción de medicamentos y productos farmacéuticos contratados con la empresa La Botica, en apego a los términos contractuales y a partir de la fecha en que se notificó el levantamiento de las medidas antes descritas”, detalla la notificación. 

La Botica, S.A. es propiedad de Sara María Batres Gil, Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias “El Cuto”, y Francisco José Valdés Alvarado; los dos últimos, amigos entrañables de Miguel Martínez, pareja sentimental del expresidente Alejandro Giammattei y financistas de la campaña en la que el expresidente Alejandro Giammattei ganó las elecciones.