La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, inició este lunes 13 de mayo una visita oficial a Guatemala que se extenderá hasta el 23 del mismo mes. Su presencia en el país responde a una evaluación solicitada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en medio de crecientes denuncias nacionales e internacionales sobre el deterioro de la independencia judicial y el uso político del Ministerio Público (MP).

La relatora tiene como mandato investigar la situación de jueces, fiscales, abogados y defensores públicos, así como verificar si pueden ejercer sus funciones con autonomía, sin amenazas, represalias ni injerencias. Durante su estancia, ha tenido reuniones con altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo, la fiscal general Consuelo Porras y también con diputados del Congreso de la República y magistrados de cortes nacionales.

El presidente recibió a Satterthwaite el día de su llegada. Durante el encuentro, Arévalo expresó su preocupación por la cooptación y corrupción en las instituciones de justicia, señalando que estas prácticas profundizan la impunidad y debilitan la institucionalidad del país. 

La jefa del MP, Consuelo Porras, también sostuvo una reunión con la relatora y destacó los “esfuerzos de su gestión para acercar la justicia a la ciudadanía mediante la creación de fiscalías especializadas y agencias fiscales en todo el país”. Además, denunció que tanto ella como otros fiscales han sido objeto de ataques y amenazas, los cuales, según afirmó, buscan intimidar y obstruir las investigaciones de la entidad que dirige. 

Satterthwaite se reunió con integrantes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República. En esta, los diputados discutieron avances legislativos relacionados con el fortalecimiento de la justicia, incluyendo iniciativas sobre mediación y la regulación de la prisión preventiva. La diputada Sonia Gutiérrez también brindó detalles sobre la criminalización y persecución a líderes indígenas.

Además, se reunirá con representantes de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, abogados criminalizados, periodistas, diplomáticos y organismos internacionales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la visita también contempla el análisis de casos emblemáticos de persecución judicial y el impacto de estas acciones en el Estado de derecho.

El informe preliminar de la relatora será presentado al cierre de su visita, mientras que el reporte completo será entregado ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2026. La misión se da en un contexto tenso, marcado por la criminalización de exfiscales anticorrupción, la persecución a jueces independientes y la preocupación por la falta de voluntad institucional para depurar el sistema de justicia.