Cinco planillas de abogados competirán el próximo lunes en el seno del CANG por la elección de un comisionado titular y otro suplente para integrar la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por mayoría calificada, a finales de marzo el Congreso de la República elegirá, de una nómina de 20 candidatos, a los diez magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) que organizarán las elecciones generales del 2027.

De las cinco planillas, cuatro (1, 2, 3 y 5) provienen de los grupos que en las últimas décadas han controlado el sistema de justicia en el país. Los líderes de la planilla 4 emergieron en el 2024 como la alternativa, rompiendo el monopolio de las fuerzas tradicionales en las comisiones para cortes a finales de ese año, y en febrero de 2025 sorpresivamente ganaron la junta directiva del Colegio.

En esta serie de tres entregas, eP Investiga ausculta cada una de las planillas, particularmente a los candidatos y sus nexos para poder proyectar la calidad de la nómina que la Comisión remitirá al Congreso. La Comisión Postuladora del TSE la integran cinco delegados: de oficio, el rector de la USAC (quien la preside) y el decano de Derecho de esa casa de estudios; un representante de los rectores de las universidades privadas y uno de los decanos de las facultades de leyes. De ahí que, ante un eventual empate en las votaciones, el comisionado del CANG hará la diferencia.

Si nos atenemos a los resultados de las elecciones de autoridades del Colegio en febrero del 2025, las planillas 1 y 4 se perfilan como las favoritas para disputar el balotage el 12 de enero. Pero la fecha de la elección que decidió la junta directiva del CANG conspira contra las aspiraciones de la planilla 4. Los especialistas consultados estiman que, siendo el primer día hábil del año, y lunes, la ventaja la tendrán aquellas agrupaciones (como la 1 y la 5) que cuentan con estructuras disciplinadas en todos los departamentos de la República. Por ahora, en un primer escenario pasarían a segunda vuelta las planillas 1 y 4; pero en un segundo, las favorecidas por la fecha y las ruidosas y opíparas campañas que desplegaron durante el fin de año, podrían imponerse la 1 y la 5, respaldada por el magistrado de la CC Néster Vásquez, el rector Walter Mazariegos, el juez Mynor Moto y el operador Wilson López, es decir, quienes manejan el sistema en la actualidad, junto con Consuelo Porras. Es poco probable que una de las agrupaciones alcance la mayoría absoluta.

Este plano cartesiano ilustra la fuerza electoral y la posición de cada planila con respecto al estado de Derecho:

La planilla 1 (Avanza – Plataforma de Profesionales por la Justicia – Unidos por el Derecho)

la lidera el exrector de la USAC, Carlos Estuardo Gálvez Barrios. Aunque los candidatos, César Fernando Díaz García (titular) y Ángel Antonio Rodríguez de León (suplente) le deben lealtad, sus vínculos delatan una alta porosidad que los hace susceptibles a presiones para facilitar nominaciones de personajes cercanos a la fiscal general Consuelo Porras y al rector Walter Mazariegos, además de diputados del partido Vamos vinculados al expresidente Alejandro Giammattei.

Díaz García trabajó en el OJ entre 2016 y 2024. En el campo académico y de política gremial, ha sido llevado de la mano por Gálvez. En ese sentido está arropado también por los decanos de Derecho de la USAC, Henry Arriaga; de la Universidad Rural, Luis Felipe Lepe Monterroso, y de la Universidad Regional, Mario Raúl García Morales, quien es su tío (hermano de su mamá, Sonia Zucelly).

Su padre, Julio César Díaz Argueta, es Trabajador Social de la USAC y participó en la Comisión de Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, de donde no salió muy bien parado después de una denuncia por racismo. Sus hermanos, cultivan otros intereses. Su hermano Julio César Díaz Camey labora desde hace 20 años en el MP, y hace dos fue ascendido por Consuelo Porras a fiscal regional de Petén. En el 2024 probó, sin suerte, ser designado para las nóminas de magistrados de Corte Suprema y Salas de Apelaciones, en cuya comisión se desempeñó en el influyente cargo de secretario.

Otro de sus hermanos, Carlos Alberto Díaz, está en los negocios con el sector público. Como notario, tiene vínculos con la empresa Acotar, S.A. proveedora de productos médicos para el Estado. Su contadora, Claudia Patricia Mejía Mancilla, también está vinculada a una empresa del mismo ramo, Global Reagents, S.A., la cual tiene tres contratos vigentes con el Ministerio de Salud, en Uspantán (Quiché), Totonicapán y El Progreso. Desde el 2012 esta empresa ha sido beneficiada con 464 contratos, aunque su auge fue en el 2023 con 106 adjudicaciones que superaron los Q4 millones.

Carlos Alberto Díaz García tiene su propio bufete, Corporación Legal Díaz García & Asociados, S.A., cuya contadora, Jeimy Elizabeth Gómez Castro de López, trabaja para Neuromedic, S.A., cuyo representante, Mario Rolando Villatoro Oseida, está vinculado a otras dos empresas de medicamentos. Carlos Alberto también es notario de Bistronomica, S.A., dedicada a la venta de alimentos, cuya representante, Mildred Aída Ruiz Álvarez, fue parte del equipo del expresidente Giammattei en la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

El candidato a suplente de la planilla 1, Ángel Antonio Rodríguez de León, incursiona por primera vez en política gremial, aunque también aspiró a una magistratura en Salas de Apelaciones en el 2024, bajo la asesoría de José Andrés Galindo Garza, funcionario del rector Walter Mazariegos. Tiene amplia experiencia como burócrata en el Registro de la Propiedad (promovido por Carlos Barillas Herrera, gobernador de Quetzaltenango nombrado por Giammattei); además, fue asesor en el Congreso de la República y en el Instituto Nacional de Cooperativas.

Sus resortes políticos provienen de Quetzaltenango, donde su papá, Justo Rodríguez Rabanales, abogado, también fue Segundo Registrador de la Propiedad. Por cierto, su padre montó una empresa, Menrod Consulting Group, S.A. que durante el gobierno de Giammattei fue beneficiada con 16 contratos para la construcción de cementerios durante la emergencia del Covid. El contador de Menrod, Ricardo Alfredo Sapón Sapón ejerce las mismas funciones en Constructora Comerco, contratista de municipalidades, principalmente en Quetzaltenango, entre 2016 y 2022. Otras empresas que ha constituído su papá son Almaro, S.A. y Tewchibal, S.A. dedicadas a actividades comerciales y de productos agropecuarios en San Marcos y Quetzaltenango.

En lo personal, Ángel Rodríguez de León ha respaldado la consigna de Consuelo Porras y la ultraderecha de que en 2023 hubo fraude electoral que benefició al presidente Bernardo Arévalo y los 23 diputados de Semilla. Rodríguez, además, es amigo de Lesther Castellanos, un abogado que se dedicó en los últimos años a perseguir a fiscales anticorrupción (mantuvo más de dos años en la cárcel a Virginia Laparra, en condiciones que, bajo los estándares internacionales, se califican como tortura), en connivencia con fiscales y asesores del MP. Castellanos le abrió una plaza a Rodríguez en la llamada Oficina Nacional contra la Tortura, bajo su dirección.