Querellantes y víctimas del caso Diario Militar piden que fiscales del MP dejen de conocer el proceso

Durante la audiencia de etapa intermedia del caso Diario Militar, querellantes y defensores de las víctimas pidieron separar del proceso a todos los fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), señalando que no confían en su actuar, pero la audiencia quedó aplazada hasta 2026. 

Denis Aguilar

octubre 14, 2025 - Actualizado octubre 14, 2025
Foto: Carlos Alonzo

La abogada Jovita Tzul, quien representa a víctimas en el caso, dijo durante la audiencia que el pasado 13 de octubre se solicitó al MP que sean apartados del caso el fiscal José Crisanto Gómez Meléndez y el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Noé Rivera, incluido en la Lista Engel, ya que no confían en el trabajo que están realizando. 

“Esto en función de diversas situaciones y circunstancias que atentan contra la tutela judicial efectiva de las víctimas a quienes representamos y que han sido evidentes en las audiencias anteriores que se han dado en el proceso, principalmente en la audiencia del día 7 de octubre del año 2025”, dijo la abogado Jovita Tzul. 

En la audiencia del 7 de octubre, el MP solicitó a la jueza de Mayor Riesgo “C”, Carol Berganza, que se dictara el cierre provisional a favor de cuatro sindicados dentro del caso Diario Militar, debido a que faltan elementos qué recopilar dentro de la investigación. 

“No confiamos en el trabajo de la actual Fiscalía de los Derechos Humanos y de los fiscales que tienen a cargo el presente proceso, toda vez que evidentemente han incumplido con sus funciones de investigar hechos graves, como lo son los que se están conociendo dentro del presente proceso”, mencionó Tzul. 

En ese sentido, la abogada mencionó que en la audiencia de hoy no quisieron sentarse en la misma mesa con los fiscales del MP. “No vamos a compartir mesa con personas que buscan generar impunidad», comentó Tzul. 

La audiencia quedó suspendida y aplazada hasta el 19 de enero de 2026. La jueza Berganza indicó que deberá ser la Fiscal General quien resuelva la solicitud de apartar a los fiscales del caso. 

Agresiones contra la prensa 

Durante el desarrollo de la audiencia ocurrieron agresiones contra periodistas que la cubrían, una de esta fue del fiscal Rivera, quien aseguró es «una ofensa a la dignidad humana» que se tomen fotografías a los acusados en el caso Diario Militar y que eso «atenta contra los derechos humanos», esto porque los acusados “siguen siendo inocentes”, dijo. 

“Por eso es una ofensa para la dignidad humana que estén utilizando las cámaras como un arma para tratar de ubicar a una persona de la tercera edad, para tratar la manera de denigrarla, eso atenta contra los derechos humanos”, dijo Rivera. 

Rivera dijo que acercar una cámara contra los acusados atenta contra la privacidad e intimidad, esto mientras dirigía su intervención hacia los periodistas que estaban presentes en la audiencia.

También rechazó los señalamientos de los querellantes, quienes mencionaron que el MP busca generar impunidad.

“Nosotros no podemos generar impunidad, nosotros no juzgamos, no somos imparciales, el Ministerio Público no es imparcial, el juez es imparcial. El Ministerio Público es objetivo”, comentó. 

Rivera dijo que se trata de estrategia para desacreditar el trabajo del MP y aseguró que ni él ni su equipo se apartarán del proceso, porque considera que no existen causales para hacerlo, además, mencionó que incluso se debe investigar a las víctimas. 

Las declaraciones de Rivera se suman a las agresiones que cometió Toribio Acevedo Ramírez en contra de los periodistas que documentaron la audiencia tras quedar suspendida.

La defensa de los acusados se sumó a los argumentos de Rivera y señaló que el proceso ha sido amañado por jueces y fiscales que anteriormente conocieron el proceso. 

En este caso, son acusados Acevedo Ramírez, Edgar Virginio de León Sigüenza, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto por delitos desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.

Se les acusa por presuntamente realizar operaciones clandestinas entre 1983 y 1985, mediante las cuales habrían cometido delitos como asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

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