El Bufete de Pueblos Indígenas presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a derechos humanos de nueve estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes fueron expulsados en el marco del conflicto derivado de la elección de rector de 2022.
La organización señala que las afectaciones denunciadas están relacionadas con la supuesta represión a la libertad de expresión, la libertad académica y el derecho de los estudiantes a participar en asuntos públicos.
Los estudiantes incluidos en la petición son Heizel Elissa Magdalena Morales Camey, Naomi del Carmen Valdéz Fuentes, Sharon Pamela Samayoa Rodríguez, Evelyn Mayté Recinos Donis, Sergio Yoel Morataya De León, Mynor Fernando Almengor Orenos, Yonshual Nehemías Xinico Ajú, José Guillermo Herrera López y Andrés Ernesto García Flores.
El Bufete de Pueblos Indígenas sostiene que las expulsiones ocurrieron mediante un procedimiento que ha sido calificado como “ilegal” y que no estaba contemplado en la normativa universitaria. Además, señala que los estudiantes fueron objeto de “acoso digital” y procesos de criminalización, incluyendo casos en los que algunos enfrentaron prisión preventiva.
Según la organización, los hechos se originaron durante el proceso de acreditación de cuerpos electorales para la elección de rector de la Usac, iniciado en marzo de 2022. En el comunicado, acusa que el Estado de Guatemala intervino mediante fuerzas policiales para favorecer una elección que califica como fraudulenta.
La petición ante la CIDH señala como responsables de las presuntas violaciones a distintos órganos estatales, entre ellos el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público, tribunales de justicia, la Corte de Constitucionalidad y a la propia Usac.
El Bufete de Pueblos Indígenas argumenta que los recursos internos no han brindado una respuesta efectiva para atender las denuncias, por lo que acudieron al sistema interamericano de derechos humanos.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) para buscar medidas de reparación para los estudiantes afectados.
La petición
Según Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas y quien ha ejercido la defensa de estudiantes criminalizados, esta petición implica deducir responsabilidad en contra del Estado de Guatemala por las vulneraciones antes mencionadas y que se busca que se repare a los estudiantes afectados.
”Como reparación lo que buscamos es que se les devuelva la calidad de estudiantes, pero también tendrían que repararles todos los daños que les han ocasionado”, mencionó Castro.
Castro mencionó que algunos estudiantes que fueron expulsados ahora tendrían que seguir sus estudios en universidades privadas, lo que les implicaría realizar gastos que no estaban previstos.
