El estudio se basa en una misión de observación realizada entre octubre de 2024 y enero de 2025 en nueve departamentos del país, e identifica un patrón persistente de criminalización, exclusión, discriminación y represión contra quienes ejercen el periodismo desde y para sus comunidades.
Siete tipos de amenaza
El informe detalla al menos siete grandes formas de amenaza:
- Criminalización y exclusión legal
Las radios comunitarias carecen de reconocimiento jurídico, lo que las coloca en situación de ilegalidad y vulnerabilidad. El Estado ha bloqueado sistemáticamente iniciativas como la Ley 4087, que buscaba reconocer su existencia. Casos como los de Radio Ixchel y Radio Nakoj muestran allanamientos con lujo de fuerza y acusaciones penales infundadas.
- Violencia e intimidación por actores locales
Autoridades municipales, empresas extractivas y estructuras criminales han sido señaladas como responsables de agresiones físicas, vigilancia y amenazas. Periodistas han sido forzados a grabar videos bajo coacción o han sufrido ataques preelectorales relacionados con su labor informativa.
- Censura y represalias políticas
Algunos medios han sido excluidos de redes de cable locales por presión de grupos políticos. Canal Red TV 25, por ejemplo, fue retirado por su cobertura crítica y sustituido por medios afines al poder local.
- Estigmatización y discriminación estructural
Se deslegitima a periodistas indígenas por no cumplir con estándares académicos o estéticos impuestos. Mujeres indígenas enfrentan obstáculos para ingresar a audiencias judiciales, a pesar de estar acreditadas, y son objeto de acoso verbal y simbólico.
- Falta de protección y desconfianza institucional
No existe un mecanismo efectivo de protección. El programa nacional fue desmantelado y la mayoría de periodistas evita denunciar agresiones por temor a represalias o revictimización institucional.
- Estigmatización pública y represalias familiares
Las campañas de desprestigio incluyen netcenters, panfletos anónimos y acoso contra familiares. Las agresiones buscan aislar socialmente a los periodistas y desincentivar su trabajo desde el miedo.
- Precariedad laboral
La mayoría de los medios comunitarios opera sin financiamiento ni salarios, en condiciones técnicas mínimas, lo que incrementa su exposición al riesgo. Muchos comunicadores trabajan por compromiso cultural y comunitario, cubriendo sus gastos con empleos alternativos.
Mujeres periodistas en la primera línea
El informe presta especial atención a las violencias diferenciadas que enfrentan las mujeres periodistas comunitarias, especialmente indígenas. Muchas han sido víctimas de campañas de difamación con contenido sexual, acoso policial, restricciones para ejercer su labor y desplazamientos forzados. La periodista Ana Chen, de Radio Xyaab’ Tzuultaq’a, tuvo que quemar documentos y huir tras un allanamiento militar en 2021.
Además de estas amenazas, las periodistas denuncian la falta de comprensión institucional sobre su labor y una profunda exclusión basada en género y pertenencia cultural. Como señala una de ellas: “Todavía nos cuesta digerir que las mujeres indígenas son periodistas”.
Recomendaciones urgentes
Entre las medidas que propone el informe están:
- Implementar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre radios comunitarias.
- Establecer mecanismos de protección con enfoque intercultural y de género.
- Detener la estigmatización desde las autoridades locales.
- Reconocer legalmente a los medios comunitarios como actores legítimos de la comunicación democrática.
Las organizaciones instan al Estado guatemalteco a tomar acciones urgentes para garantizar la libertad de expresión desde una perspectiva plural y comunitaria. El informe completo está disponible en las plataformas de las organizaciones participantes.
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