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La condena, resultado de una estrategia de litigio internacional iniciada en 2019 por el movimiento latinoamericano Son Niñas, No Madres, señala que el Estado guatemalteco vulneró el derecho a la niña a una vida digna, a la autonomía sobre su cuerpo, a la salud, a recibir información adecuada y a no ser discriminada. 

El comité de la ONU consideró que la negativa del Estado a brindarle servicios de salud reproductiva constituyó un trato cruel, inhumano y discriminatorio, basado en estereotipos sobre la función reproductiva de las mujeres.

Fátima enfrentó un sistema que la revictimizó. Tras la violencia sexual, fue estigmatizada por personal de salud, presionada para abandonar sus estudios y excluida de actividades escolares. El agresor, quien también había sido funcionario de la institución encargada de proteger la niñez, nunca fue capturado. 

La historia de Fátima es representativa de una realidad estructural. Según el Registro Nacional de las Personas (RENAP), entre 2018 y 2024 se registraron más de 14 mil partos en niñas de entre 10 y 14 años. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) documentó 556 nacimientos en niñas de ese mismo grupo etario solo entre enero y marzo de 2025.

Ante este panorama, el CDH-ONU exigió a Guatemala adoptar una serie de medidas de no repetición, entre ellas:

• Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el fortalecimiento del protocolo de aborto terapéutico.
• Prevenir la violencia sexual mediante la implementación de educación sexual integral.
• Establecer una política pública de reparación integral para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada.
• Crear un sistema nacional de registro unificado de violencia sexual y embarazos forzados.
• Capacitar de forma obligatoria a personal de salud, justicia y educación en género, niñez y derechos humanos.

La decisión de Naciones Unidas se suma a las condenas previas emitidas en enero de este año contra Ecuador y Nicaragua, y a la resolución del caso Camila en Perú (2023), consolidando un cuerpo de jurisprudencia internacional que reconoce la maternidad forzada en niñas como una violación grave de derechos humanos.

“El caso de Fátima demuestra el poder de las voces de las sobrevivientes y la importancia de la lucha colectiva para erradicar estas violencias”, señala Marianny Sánchez, directora de comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras de Son Niñas, No Madres. Por su parte, Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), afirmó que “la maternidad forzada es una forma de tortura. Así lo ha establecido la ONU. Es deber de los Estados actuar en consecuencia”.

El movimiento Son Niñas, No Madres, conformado por más de una decena de organizaciones de América Latina, exhortó al Estado guatemalteco a cumplir de manera inmediata con las recomendaciones del Comité y garantizar que ninguna niña sea forzada a renunciar a su infancia, a sus estudios y a sus sueños por una maternidad impuesta.