Chabajay dio estas declaraciones en el marco de la audiencia “Guatemala: Retos y oportunidades para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público”, como parte del 196 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señaló que la revisión de estos expedientes ya se ha iniciado de “forma objetiva e imparcial”.
Mencionó también que actualmente el MP atraviesa un proceso de reestructuración interno, luego de los dos periodos de Porras al frente de la institución. Chabajay señaló que en esos años hubo un debilitamiento institucional, así como la instrumentalización del derecho penal.
Asimismo, expresó que el sistema de justicia de Guatemala ha sufrido en los últimos años, un proceso de “paulatina cooptación y desmantelamiento por parte de grupos de poder interesados en perpetuar la impunidad y la corrupción”, indicó.
“Esa cooptación y desmantelamiento del MP motivada por un interés de perpetrar la impunidad y la corrupción ha logrado la concretización de su finalidad entre otros por medio de una instrumentalización del derecho penal que se intensificó durante la gestión de la exfiscal general, Consuelo Porras”, dijo.
Aseguró que lo anterior se evidencia en el uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, periodistas y otros. Además, señala que se dio un uso indebido del derecho penal en proceso para elegir a operadores de justicia y también en las elecciones generales.
No obstante, mencionó que esa instrumentalización del derecho penal también ha sido responsabilidad de jueces y magistrados.
“Estamos conscientes de que la persecución penal debe ser objetiva y conforme a los derechos humanos, por ello recientemente ha realizado acciones concretas que evidencian esa objetividad, llegando incluso a no oponerse al otorgamiento de medidas sustitutivas en proceso penales cuya prisión preventivas es contraria a estándares de protección de derechos humanos”, dijo.
Citó como ejemplo el caso del periodista Jose Rubén Zamora y el caso de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, audiencia que se realizó ayer.
Chabajay también mencionó que se inició el procedimiento para liquidar la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y reconoció que a través de esta unidad se instrumentalizó el derecho penal. Además, dijo que la Fiscalía de Derechos Humanos está en un proceso para ser fortalecida.
