Algunos de los abogados que integran la nómina han obtenido contratos con el Estado, otros tienen omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y hay quienes han enfrentado solicitudes de antejuicio durante su trayectoria profesional. 

Beyla Adalí Xiomara Estrada Barrientos fue la primera postulante en alcanzar los votos necesarios para ser parte de la nómina de seis aspirantes a fiscal general. Actualmente se desempeña como presidente de la Junta de Disciplina Judicial. 

Según la información de Guatecompras, entre 2013 y 2023, Estrada obtuvo siete contratos con el Estado por un monto de Q252 mil 089.29. Tres de esos contratos se dieron en 2022 y 2023 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como docente de posgrado. 

También obtuvo contratos entre 2014 y 2015 por asesorías en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y un contrato más en 2013 con el Fideicomiso de Desarrollo Social. 

Entre 2017 y 2023, Estrada fue denunciada en cuatro ocasiones, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, sin entrar a conocer, todos los antejuicios que se presentaron en su contra. Dos de estas denuncias fueron presentadas en 2018 por la entonces a relatora contra la tortura, Silvia Villalta, quien la señaló de vender resoluciones.

Estrada formó parte de la Sala Tercera de Apelaciones, donde emitió fallos que favorecieron al exalcalde capitalino, Álvaro Arzu, también a implicados en el caso IGSS-Pisa y al ciudadano ruso Igor Bitkov. 

César Augusto Ávila Aparicio fue el segundo en ser elegido para integrar la nómina. En los registros de la SAT aparece con incumplimientos y ha sido proveedor del Estado en años anteriores, específicamente en 2011 y 2013, por un monto de Q104 mil. Durante esos años, fue consultor en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

En 2019, cuando se desempeñó como magistrado presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula, enfrentó un proceso para retirarle la inmunidad donde era señalado por el delito de tráfico de influencias, pero la CSJ rechazó esa solicitud sin entrarla a conocer. 

Es cuñado de Deysi Emilsa Hichos Posadas, quien obtuvo un contrato por Q108 millones con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). 

En 2021, como parte de la Sala Mixta de Chiquimula, se excusó de conocer el antejuicio presentado contra Esduin Javier Javier, alias “Tres Kiebres”, por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres personas que presenciaron su pelea contar el alcalde de Mixco, Neto Bran. 

Julio César Rivera Clavería fue el tercero en ser incluido en la nómina. En Guatecompras, acumula 50 contratos con el Estado por Q1 millón 668 mil 620.18, los cuales obtuvo entre 2012 y 2020. Algunos de estos fueron obtenidos principalmente en el Ministerio de Gobernación y el Renap por asesorías jurídicas. 

En 2023 figuró como candidato presidencial por el partido político “Mi Familia”. Su vicepresidenciable fue el también abogado, José Urrutía, cercano a la Fundación Contra el Terrorismo, organización sancionada por Estados Unidos. 

Urrutia fue vinculado como accionista de la offshore en Panamá “Valores Dinámicos”, que utilizó a la constructora Sigma, implicada en el caso “Construcción y Corrupción”, para canalizar US$1.15 millones en sobornos al Partido Patriota. 

Ese año, Rivera Clavería se desligó de las acusaciones de estafa en contra del secretario general de esa agrupación, Byron André López Maldonado, quien fue capturado y procesado en enero de ese año por supuestamente haber estafado por Q5 millones a los vendedores de una finca en San Lucas Tolimán. Actualmente goza de arresto domiciliario.

Fue vinculada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Red Moreno, una estructura asociada principalmente al contrabando y control de aduanas, pero él ha negado los señalamientos.

Gabriel Estuardo García Luna ha estado contratado desde 2024 como asesor en la Procuraduría General de la Nación (PGN), bajo el renglón 029, donde ha obtenido ingresos por Q783 mil 790.33. 

Ha sido también presidente de la Junta de Disciplina Judicial desde 2016 y en ese tiempo declaró sin lugar una acción que se presentó contra Miguel Ángel Gálvez, cuando se desempeñaba como juez. 

Sobre su trayectoria profesional, no se conoce ninguna solicitud de antejuicio, ni vínculos con partidos políticos.

Zoila Tatiana Morales Valdizón, Es la única de la nómina de aspirantes a fiscal general que no está inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).

Su carrera la ha desarrollado principalmente como fiscal de sección y fiscal especial anticorrupción. Actuó como investigadora en procesos de alto impacto como el caso «Myrna Mack» y el caso contra el General Manuel Callejas.

Cuando ingresó al MP en 1995, fue parte del equipo que investigó el caso “Espionaje Postal” en el edificio de Correos, el cual fue descubierto en 1993. En esta investigación se descubrió una oficina de espionaje ilegal operada por el Servicio de Inteligencia (D-2) en la Dirección General de Correos. 

Néctor Guilebaldo de León Ramírez ha obtenido, entre 2014 y 2023, un total de 20 contratos con el Estado por un monto de Q463 mil 150. Todos esos contratos han sido como docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac. 

Entre 1995 y 2004 fue parte del MP como agente fiscal. Incluso, entre 2002 y 2003, fue fiscal general en funciones por la ausencia temporal de Carlos de León Argueta, quien ocupaba ese cargo en ese entonces. 

Fue juez pesquisidor en el proceso de antejuicio contra el exdiptuado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Othmar Sánchez, del partido FCN-Nación, por el caso de fraude en el Registro de la Propiedad, donde también estuvieron involucrados familiares del expresidente Jimmy Morales.

Entre 2012 y 2019, fue magistrado de la Corte de Apelaciones y enfrentó dos procesos de retiro de la inmunidad, pero estas solicitudes también fueron rechazadas por la CSJ sin entrar a conocerlas. Uno de estos antejuicios fue presentado por Othmar Sánchez, luego de que De León recomendó retirarle la inmunidad. 

Fue denunciado por el abogado Alfonso Carrillo por el delito de prevaricato, por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling. 

En el año 2020, integró como suplente el pleno de la CSJ y avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco De Mata Vela y Gloria Porras, presentado por la abogada Amanda Santizo.