Verónica Ponce Mejicanos, quien se postuló en el proceso de elección, denunció que los comisionados no revisaron su expediente completo, dejando fuera gran parte de su experiencia profesional, incluyendo los más de dos años en los que trabajó en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La comisión calificó a Ponce con 49.71 puntos por sus méritos profesionales, los cuales suman 25 años de experiencia. 

Con 67.71 puntos en total, Ponce no alcanzó la calificación mínima de 75 establecida por la postuladora. 

‘’(El proceso) se está tomando a la ligera, no ha habido un análisis concienzudo de los expedientes’’, señaló. Ponce presentó una acción de amparo, la cual ya fue tramitada por el Juzgado Décimo Segundo Civil, fijando un plazo de 48 horas a la postuladora para que presente un informe sobre este asunto.

El candidato y exmagistrado Carlos Humberto Rivera Carrillo también reclamó a los comisionados por descartarlo del proceso con un puntaje de 26.46, uno de los más bajos entre los 33 postulantes evaluados hasta el cierre de esta nota. 

En el rubro profesional, obtuvo 0 puntos, ya que no adjuntó los certificados que lo acrediten. Aunque en el currículum enviado a la comisión Rivera asegura tener más de 35 años de ejercicio profesional, este no incluye papelería que lo respalde. 

Aun así, Rivera irrumpió en la sesión de calificación de expedientes para manifestar su descontento, indicando que también presentó un amparo por estos hechos. 

‘’Cómo me ponen cero en experiencia administrativa cuando he sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia’’, expresó en entrevistas a los medios de comunicación.  

El también candidato, Maynor González Méndez, envió un memorial a la postuladora en protesta por la calificación recibida. Solicitó al grupo que verifiquen nuevamente los folios que acreditan sus méritos académicos los cuales, afirmó, merecen un punteo mayor al de 14 asignado por los comisionados.

El desacuerdo sobre los jueces

También está la resolución de un amparo provisional interpuesto por el Centro para la Defensa de la Constitución de Guatemala (Cedecon). La organización demanda que no se tome en cuenta como mérito profesional la carrera de juez, en la que se han desempeñado varios de los postulantes; entre ellos, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Cedecon pretende que se suspenda la evaluación de expedientes mientras se resuelve el amparo. Sin embargo, para cuando se cumpla el plazo de 48 horas que dio el juzgado que lo tramitó a la postuladora para que envíe el informe, esta ya habrá terminado el proceso de evaluación. 

Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, tiene en curso otro amparo similar desde el 4 de marzo del2026. Busca también excluir a los jueces. Este punto fue discutido y establecido por la comisión antes de que procediera esta acción legal, la cual aún está a la espera de que se le dé trámite.