Según un comunicado difundido por las autoridades indígenas, la acción fue presentada en septiembre de 2025 y conocida en vista pública el 27 de noviembre del mismo año por los magistrados de la CC, sin que hasta la fecha exista una resolución.

Ante ello, el 14 de abril de 2026, los 48 Cantones presentaron una nueva solicitud a la magistratura del tribunal constitucional que recién asumió funciones para que se pronuncie “dentro del marco de la ley, el debido proceso y el acceso a la justicia”, y declare con lugar el planteamiento de inconstitucionalidad.

En el pronunciamiento, las autoridades sostienen que el tipo penal de terrorismo está formulado de manera amplia, lo que representa “un peligro” y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. A su criterio, esta figura ha sido utilizada contra autoridades indígenas para criminalizar la protesta social y la defensa de derechos humanos.

Actualmente, los exdirigentes del los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, guardan prisión preventiva desde hace más de un año, en un caso donde son señalados por el Ministerio Público por el delito de terrorismo, debido a su participación en las manifestaciones pacífica de 2023 cuando se defendieron los resultados de las elecciones de ese año. 

Basilio Puac, también exdirigente de los 48 Cantones, y Esteban Toc Tzay, vicealcalde indígena de Sololá en 2022 y 2023, también están siendo procesados en este caso, aunque a ellos se les otorgaron medidas sustitutivas. 

El comunicado también hace referencia al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quien presentó un amicus curiae dentro del proceso de amparo. 

Según los 48 Cantones, el experto reconoce los desafíos de los Estados frente al terrorismo, pero enfatiza que las leyes penales deben respetar el principio de legalidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Las autoridades indígenas instaron a la CC a resolver en los plazos establecidos y “poner fin a la arbitrariedad y el mal uso” del delito de terrorismo, con el fin de evitar que sea aplicado de manera ilegal contra personas que ejercen su derecho a la protesta y la defensa de sus derechos.